El juez considera que la figura, exhibida durante la manifestación del 8M, «presenta características que hacen presumir la posible existencia de delito de discriminación»; las activistas de AMA Raquel Díaz y Alba Cideres, en el punto de mira
Punto, que no partido, para la Fundación Española de Abogados Cristianos. Según ha confirmado su servicio de prensa esta misma mañana, el Juzgado de Instrucción Número Cuatro de Gijón ha dado paso a la denuncia interpuesta por la presencia de la ‘Santina de Queervadonga’ en la manifestación por el Día Internacional de la Mujer celebrada en Gijón el pasado 8 de marzo, y ha abierto diligencias previas contra Raquel Díaz y Alba Cidares, las dos activistas de la Asamblea Moza d’Asturies (AMA) identificada como responsables de dicha figura. Un paso dado después de que el juez que instruye el caso considerase que la efigie en cuestión «presenta características que hacen presumir la posible existencia de delito de discriminación«. Paralelamente, se ha solicitado a las fuerzas policiales que investiguen si ambas denunciadas «presentan características o circunstancias indicativas de la existencia de un móvil de odio«, y a la Subdelegación del Gobierno, que informe sobre la «convocatoria y/o solicitud de la manifestación realizada el 8M en Gijón«.
Visiblemente satisfecha con la noticia, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha celebrado la decisión judicial, reafirmándose en su opinión de que «este tipo de actos no pueden quedar impunes, y menos cuando los organizan asociaciones que reciben miles de euros de dinero público«. En ese sentido, una de las críticas vertidas contra AMA desde la asociación que lidera Castellanos es que, desde 2021, ha percibido subvenciones por valor de «más de 80.000 euros»; la mayoría de ellas, otorgadas «por el Principado», aunque otras proceden «de los Ayuntamientos de Gijón y Oviedo». En lo que concierte expresamente a la ‘Santina Queer’, el hecho de que se representase una suerte de Virgen de Covadonga por medio de una muñeca dotada de gafas de sol, con el símbolo transgénero a modo de aureola y portada en un paso con la bandera arcoíris, ha sido entendida por Abogados Cristianos como un delito de odio. Siempre a juicio de Castellanos, «la ‘cristianofobia’ va en aumento en España y es necesario que la justicia le ponga freno«.
Se trata de la segunda denuncia similar que medra, después de que ocurriese lo propio con la presentada por la Hermandad de Los Estudiantes de Oviedo.
