María Jesús Otero, Marta Renedo y Víctor Muñiz recurrirán la sentencia de la Audiencia, mientras que Otero, Muñiz y José Luis Iglesias Riopedre se enfrentarán a un nuevo juicio por el presunto fraude de otros 3,7 millones
La perfección no existe. Toda biografía, por inmaculada que parezca a primera vista, tiene sus puntos oscuros, y en la historia política del Principado ninguno ha sido tan tenebroso como el ‘caso Marea‘, hasta la fecha el escándalo de corrupción más grave ocurrido en Asturias, cimentado sobre una trama construida en torno a la Consejería de Educación. Destapado en 2010, no fue hasta 2017 cuando la Justicia, tras un juicio largo, complejo y plagado de aristas, dictó sentencia, enviando a prisión a ocho de sus responsables. Y seis años después de aquel punto de inflexión, esta misma semana, la Audiencia Provincial de Oviedo ha dado otro paso fundamental, al determinar la cantidad económica que tres de ellos deberán reintegrar a las arcas autonómicas. Se trata, eso sí, de una cuantía muy inferior a los 4,9 millones reclamados por el Principado, ya que, en bloque, ‘sólo’ tendrán que abonar poco menos de 2,2 millones. Sin embargo, ninguno de los aludidos parece dispuesto a cumplir; sus letrados ya han anunciado que recurrirán la decisión.
Así, el dictamen de la Audiencia impone a la que fuera jefa de servicio de la Consejería, Marta Renedo, reponer al gobierno regional casi 1,5 millones, mientras que la entonces directora general de Educación, María Jesús Otero, debería aportar los 690.549 euros restantes. Por su parte, el empresario Víctor Manuel Muñiz, quien estuviera al frente de la empresa Igrafo, ha sido declarado responsable solidario de toda la cantidad atribuida a la segunda, y de unos 198.000 euros de la primera. La suma no sólo está remotamente lejos de la reclamada por el Principado, sino también de los 2,7 millones propuestos por la Fiscalía, si bien todavía está en el aire la posibilidad de que el recurso que los tres formularán ante el Tribunal Supremo dé frutos y tire por tierra el desembolso. Por lo que respecta a los cinco condenados restantes, no se han hallado pruebas de que se lucrasen gracias al dinero público.
Con independencia de que el recurso llegue a buen puerto o no, los disgustos no han terminado para Otero y Muñiz. Tanto ellos como el ex-consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre volverán a sentarse en el banquillo a instancias del Juzgado Número Cuatro de Oviedo. Esta vez la acusación, integrada en una pieza separada del ‘caso Marea’, es el presunto fraude de hasta 3,7 millones de euros en el suministro de material escolar a diversos centros educativos asturianos que nunca llegó a materializarse, y que se adjudicó tanto a Igrafo como a Almacenes Pumarín, SA (APSA); el que fuese responsable de esa última compañía, Alfonso Carlos Sánchez, también será procesado con los tres anteriores. Fuentes cercanas a los hechos llegaron a señalar que, en el marco de la trama, se alcanzó el extremo de «comprar ratones de ordenador por más de cien euros la unidad».
De este modo se añaden dos nuevos capítulos a un relato que comenzó hace más de doce años, y que reveló la existencia en el Principado de una trama corrupta enraizada en el área autonómica de Educación. Mediante el fraccionamiento de contratos para que no fuese preciso recurrir a concurso público Riopedre, Otero y Renedo favorecieron a determinadas empresas de su interés, adjudicándoles diversas obras y adquisiciones de material para los colegios e institutos públicos de la región. Más aún, Renedo llegó al extremo de abrir distintas cuentas bancarias para cobrar en ellas pagos por intervenciones y contratos inexistentes, abonados por sociedades. El 4 de agosto de 2010, siete años después de tomar posesión de su cargo y presionado por los descubrimientos, aunque alegando problemas de salud, Riopedre dimitió; ese mismo año él, Otero y Muñiz fueron los primeros implicados en ser detenidos. Recopilada toda la información, el proceso judicial arrancó en 2016, y la sentencia se dictó en 2017, enviando a prisión a ocho implicados, además de exigirles el abono de una multa de casi 4,3 millones de euros.
