La modificación de la Ordenanza de Protección y Bienestar Animal abriría la puerta a este sistema para prevenir comportamientos incívicos de sus dueños, pero desde la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad descartan implantarlo en este mandato
Son más de 60 las ciudades españolas que ya emplean un sistema de recogida de heces en la calle para, a través del análisis de su ADN, identificar a los perros y proceder a sancionar a sus incívicos propietarios. Málaga, Ejea de los Caballeros, Santa Eulària des Riu, La Seu d’Urgell, Alcalá de Henares y, sobre todo, municipios de la Comunitat Valenciana, donde está más implantada esta medida, como Burjassot, Xàtiva o Paterna, ya imponen multas que van desde los 100 a los 600 euros, según el lugar. Gijón no está en esta lista ni lo estará, al menos en este mandato, pero la modificación de la Ordenanza de Protección y Bienestar Animal sí va a incluir esta posibilidad.
La Junta de Gobierno celebrada el martes aprobó la modificación del Plan Anual Normativo 2025 con la incorporación de los reglamentos que se van a actualizar y que no estaban en el documento validado inicialmente, un total de 7. Ente ellas, la Concejalía de Medio Ambiente presentó la de la Ordenanza Municipal de Protección y Bienestar Animal, bajo la responsabilidad de la Jefatura del Servicio de Calidad y Vigilancia Ambiental, al no cumplir con las disposiciones previstas en la nueva Ley estatal 7/2023, de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales.
Desde el Ayuntamiento apuntan que «dicha norma estatal precisa de un reglamento de desarrollo que está pendiente desde 2023» y que «igualmente, la normativa autonómica (Ley 13/2022 de Tenencia, Protección y Derechos de los Animales) se encuentra sin adaptar a la normativa estatal». A continuación explican que «la actual ordenanza prevé un régimen de infracciones y sanciones que deberá actualizarse en función de las dos normativas anteriores, fundamentalmente depurando aquellos artículos que devengan derogados por efecto de normas de rango superior».
Así, Medio Ambiente aprovechará dicha actualización para, con el margen de desarrollo propio con el que cuenta cada entidad local, incorporar en el texto la posibilidad de «un sistema de identificación adicional que ya se aplica en otros municipios en relación con los perros, para prevenir actitudes incívicas en la vía pública, permitiendo la identificación mediante ADN». Esto no quiere decir que esta medida, de alto coste, se vaya a aplicar de manera inmediata, sino que se reflejará en la normativa para contar con esta posibilidad a futuro. Desde el Ayuntamiento se descarta que se vaya a efectuar en este mandato.
