Derechos Sociales aclara que existen dos registros distintos y acusa al PP de generar confusión; el ERA garantiza ingresos de emergencia en 24 horas
La lista de espera estructural para acceder a una plaza en las residencias públicas dependientes del organismo autónomo Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA) se sitúa actualmente en 298 personas, según informó ayer la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado. Este registro incluye únicamente a las personas que tienen reconocida la atención residencial como única opción en su Plan Individual de Atención (PIA) y que no han solicitado ser atendidas mediante otros recursos del sistema de dependencia.
La consejería ha precisado que, además de esta lista estructural, existe otro registro paralelo con 2.612 personas. En este segundo grupo figuran usuarios que ya cuentan con algún tipo de prestación, como centro de día, ayuda a domicilio o teleasistencia, pero que han solicitado plaza en una residencia por si en el futuro necesitan este recurso. Con el objetivo de clarificar la situación de estas personas, el ERA ha enviado una carta a todos los integrantes de este segundo listado para que confirmen si desean incorporarse a la lista estructural. Es decir, deberán comunicar si quieren optar a una plaza residencial con carácter inmediato o si prefieren continuar con su prestación actual mientras permanecen en la lista de espera no estructural.
Antes del envío de esta comunicación, la Consejería de Derechos Sociales dictó una resolución para crear formalmente las dos listas de espera, estructural y no estructural. Según el departamento autonómico, esta decisión fue trasladada al Consejo Asesor de Bienestar Social, órgano en el que están representados distintos agentes sociales y políticos, incluido el Partido Popular. En este contexto, la consejería lamentó que el PP “pretenda aparentar desconocer esta diferencia de forma interesada”, con el objetivo de generar confusión en torno al funcionamiento del sistema y erosionar los servicios públicos. Por otra parte, el organismo autónomo recordó que cualquier situación de emergencia que requiera ingreso en una residencia pública se resuelve en un plazo máximo de 24 horas, tanto si se trata de casos de carácter social como judicial.
