Pese al fin de la vigencia de la moratoria, la modificación de la Ley de Turismo impone una serie de limitaciones al desarrollo de tales fórmulas de negocio; el Ayuntamiento confirma la voluntad de hacer un formulario específico en el futuro cercano
«El fenómeno ha caído en picado; está controlado«. Con esa tajante declaración, hecha la término del encuentro con representantes de la Consejería de Turismo del Principado celebrado el pasado 20 de enero, el concejal de Urbanismo de Gijón, Jesús Martínez Salvador, festejaba los resultado obtenidos a lo largo del año en que la moratoria municipal que bloqueaba la concesión de nuevas licencias para viviendas vacacionales y de uso turístico (VUT) en la franja costera de la ciudad ha estado en vigor. Sí, el tiempo verbal es correcto. ‘Ha estado’. En pasado. Cumpliendo con un vaticinio fácil de leer entre líneas en la declaración del edil gijonés, el Gobierno municipal descartaba finalmente prorrogar la vigencia de dicha norma, cuya validez llegaba a su fin en la medianoche del pasado domingo, 2 de febrero, reabriendo la puerta a la solicitud de permisos para establecer tales negocios en cualquier barrio de la urbe. Eso sí, con restricciones y matices… No impuestos por el Ayuntamiento, sino por el Ejecutivo autonómico, toda vez que la modificación de la Ley de Turismo, aprobada a finales de 2024 y publicada en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) el 19 de noviembre, ya está plenamente activa.
Así, el nuevo marco legislativo regional equilibra, de alguna manera, la amplia libertad de solicitud de licencias existente hasta la imposición de la moratoria, y señalada como una de las causas del agravamiento del problema de la vivienda en barrios como Fomento, La Arena o Cimavilla. Desde este momento, cualquier piso que aspire a convertirse en VUT deberá, en primer lugar, disponer de medidores de consumos de suministros individualizados, vinculados a la propia vivienda y ajenos al conjunto de la comunidad. Esa misma comunidad o, mejor dicho, sus propietarios deberán dar el visto bueno para la comercialización turística al aspirante antes de que el trámite de petición del permiso se active. Y, un tercer detalle capital, cualquier inmueble incluido en algún régimen de protección especial, sea del tipo que sea, quedará inmediatamente excluido de la opción de operar como hogar vacacional o turístico. Los detalles de esos tres requisitos pueden consultarse en el articulo 42bis de la modificación de la Ley en cuestión, accesible a través de este enlace.
Dejando a un lado los aspectos legislativos, la llegada a su fin de la moratoria ha coincidido en el tiempo con la amenaza que pesa sobre todos los barrios y distritos de Gijón, salvo sus parroquias rurales, de llegar a ser declarados ‘zonas tensionadas’ en materia de vivienda. De esa perspectiva, que es cierto que no sólo la motiva el desarrollo de la actividad turística, pero que sí juega un papel importante en ella, advirtió el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, hace apenas una semana, poniendo en guardia al conjunto de la población gijonesa y, por extensión, a los miembros de su Consistorio. En ese sentido, y mientras en el área que encabeza Zapico estudian fórmulas para blindar dicha declaración, el Ayuntamiento juega con la idea de elaborar un formulario específico para el registro de las VUT, posibilidad que, con suerte, irá tomando forma en el futuro cercano. Finalmente, conviene recordar que el 2 de enero se aprobó la entrada en vigor, a escala autonómica, del nuevo registro único de alquileres de corta duración, que comenzará a operar plenamente el 1 de julio de este año.
