El Gobierno central pretende vetar la entrada de niños y adolescentes a cualquier evento que implique maltrato animal; de lograrlo, la medida lograría lo que el Ayuntamiento, ignorando las peticiones de grupos animalistas, se ha negado a hacer
¿Son los eventos taurinos una expresión cultural netamente española o, por el contrario, una forma absolutamente lúdica de maltrato animal? No se molesten en devanarse los sesos… Hoy por hoy, aunque cada cual tenga su particular punto de vista al respecto, está lejos el día en que la opinión pública patria llegue a un consenso sobre ello. No obstante, sí hay un detalle que, al menos, el Gobierno central tiene claro: ni los niños, ni los adolescentes deberían presenciar algo así. Por ello, menos de una semana después de que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU reprendiese formalmente a España por no haber tomado cartas en el asunto antes, desatiendo una recomendación hecha ya en 2018, el Ministerio de Juventud e Infancia anunciaba ayer su voluntad de vetar la entrada de menores a cualquier evento que implique el maltrato de animales. Ni qué decir tiene que la tauromaquia, en sus distintas formas, encabeza en listado… Y eso, en el caso de Gijón, supondría cerrar las puertas de El Bibio a toda persona de menos de 18 años. Una acción por la que diversos colectivos han clamado desde el regreso de la Feria Taurina de Begoña, pero que el Ayuntamiento se ha negado por sistema a aplicar.
Si se atiende al panorama nacional, la ausencia de una normativa común a todos los territorios ha hecho que el espinoso tema de franquear el paso de niños y adolescentes a los espectáculos taurinos, y a qué edad hacerlo, quede en manos de las Administraciones autonómicas y municipales. Hasta junio de 2024, y dejando a un lado la prohibición general que imperó en Cataluña entre 2010 y 2016, Baleares fue la única región que limitó categóricamente el acceso de los menores a las corridas, encierros y demás propuestas análogas. Otras comunidades, como Galicia, fijaron límites de entrada en los 12 años, y un buen puñado de ellas condicionaron la asistencia de infantes y jóvenes al acompañamiento de un adulto. En Asturias no hay normativa al respecto. Y, por lo que respecta a Gijón -única localidad del Principado con estos eventos en su propuesta lúdica-, el retorno de la Feria Taurina de Begoña, uno de los tantos que se anotó la actual alcaldesa, Carmen Moriyón, tras su vuelta al Consistorio en 2023, reabrió el debate. Sobre todo, tras las reiteradas críticas lanzadas por entidades como el Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) o la Fundación Franz Webber , todas contestadas, cuando no directamente ignoradas, por el Ejecutivo local, que llegó a proponer la creación de un ‘abono joven’. El año pasado Franz Webber llegó a solicitar a UNICEF que retirase a Gijón el sello de Ciudad Amiga de la Infancia (CAI).
Sea como sea, y a expensas de los siguientes movimientos de ficha por parte del Gobierno central, la restricción podría afectar, incluso, a la edición de la Feria de este verano. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, declaró este martes que, para implantar dicha medida, bastaría con integrarla en la ya prevista ampliación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). En ese sentido, el texto ya está en avanzado estado de redacción, y podría llevarse al Consejo de Ministros para su aprobación en cuestión de semanas, bajo la premisa de que «las actividades en las que esté presente la violencia conllevan riesgos significativos para la vida, y para la integridad física y psíquica, que pueden afectar especialmente a los menores«. Al margen de lo concerniente a los espectáculos con animales, la ampliación incluye otras medidas referentes a los niños y adolescentes, como la ampliación en diez años la prescripción de los delitos sexuales perpetrados contra ellos, la obligación de escuchar sus testimonios en procesos judiciales, la consideración de la violencia como delito incapacitante para desarrollar actividades en contacto habitual con menores, o el reconocimiento de la violencia institucional, en forma de omisiones o demoras, y la lucha contra ella.
