El Consistorio gijonés confirma que la Sala de lo Contencioso del TSJA ya ha remitido la diligencia correspondiente, y su publicación en el BOPA tumbará una de las medidas más discutidas del Gobierno de Ana González
Es cuestión de días: la Ordenanza de Movilidad de Gijón, más pronto que tarde, pasará a formar parte de los libros de historia. Así lo confirmó ayer el Gobierno de la ciudad, que notificó que, con la recepción este martes del requerimiento necesario por parte de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), se despeja el camino para anular una de las normas más discutidas de cuantas marcaron el mandato de la anterior alcaldesa, Ana González. La medida quedará plenamente confirmada una vez se publique en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), si bien, tal como señalaba este miércoles el concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, Pelayo Barcia, «estamos satisfechos porque cuatro años después, el tiempo, la justicia y los gijoneses nos hayan dado la razón».
Con ello, entre otras cuestiones concretadas por el edil del área, «no será obligatorio que los vehículos exhiban ningún distintivo ambiental», y los vehículos sin derecho a él «podrán transitar por todo el municipio más allá del 31 de diciembre de 2025, fecha en la que entraba en vigor la prohibición de circulación en la práctica totalidad del casco urbano para estos vehículos», como también «estacionar en la zona regulada». A su vez, las personas que cuenten con la tarjeta europea de movilidad reducida «podrán volver a aparcar gratis en las zonas reguladas», y se suprime la tarjeta PMR de Gijón, que tenía un coste de 45 euros anuales, supuestos todos, a juicio de Barcia, «de carácter prácticamente exclusivos de Gijón, y que durante estos años han generado preocupación a muchas personas». Del mismo modo, todos los vehículos de residentes en zonas de estacionamiento regulado «podrán volver a obtener la tarjeta de residente, tal y como hacían hasta el 31 de diciembre de 2021», y «se suprime la limitación de una tarjeta de residente por domicilio».
Por su parte, los vehículos comerciales e industriales que no dispongan de derecho a distintivo ambiental «podrán volver a obtener la autorización de estacionamiento en zona regulada, tal y como sucedía hasta el 31 de diciembre de 2022; se suprime la creación de zonas de estacionamiento regulado con limitaciones y costes superiores a la actual zona azul, (zonas verdes, naranjas y amarillas); las bicicletas dejan de poder circular en sentido contrario a la marcha del resto de vehículos en calles compartidas o residenciales en las que exista una limitación de velocidad a 20 Km/h (artículo 41.1); y las bicicletas ya no podrán saltarse semáforos en fase roja en los supuestos que recogía el artículo 44.2». Finalmente, respecto a aquellas sanciones que no sean firmes y que se hayan producido bajo la ordenanza ahora anulada, «los afectados podrán presentar una reclamación si así lo estiman oportuno».
Tres nuevas ordenanzas para este mandato
En opinión de Barcia, «los Ayuntamientos no pueden regular por libre. Las ordenanzas hay que hacerlas siguiendo los preceptos legales que emanan de la legislación española y comunitaria y no en base a creencias ideológicas. En Gijón, las prisas por querer imponer su documento ideológico, y enviar 40.000 vehículos al desguace, les llevó a realizar una tramitación poco transparente, sin explicar el coste que esta ordenanza iba a tener para los afectados». Así mismo, el edil avanzó ayer que desde la concejalía de Tráfico, Movilidad y Transporte Público ya se trabaja en el desarrollo de tres ordenanzas en materia de tráfico y movilidad: una nueva de movilidad, adaptada a la normativa estatal y europea; otra de zonas de bajas emisiones, adaptada al Real decreto que regula estas zonas, y una tercera del taxi, «cuando el Principado termine el reglamento del taxi» autonómico.
