En líneas generales, el documento prevé agilizar las sustituciones, mejorar las ratios e implementar varios rangos de aumento salarial; el Gobierno se felicita por el contenido y los sindicatos se confiesan «moderadamente satisfechos», pero parte de los docentes y de la oposición cargan contra el texto
El hacha de guerra que mantenía sumidos en un duro pulso al Principado y a los docentes asturianos ha vuelto a ser enterrada… Por ahora, y con matices. Tras una nueva sesión de agónicas negociaciones, que se prolongaron por espacio de casi siete horas, hacia el final de la tarde de este lunes ambas partes abandonaban la sala y comparecían ante los medios para comunicar que, al fin, se había alcanzado una propuesta de preacuerdo. No es, ni mucho menos, un arreglo perfecto, y deja múltiples cuestiones en el tintero, pero ha servido para aplacar los ánimos y devolver la paz a las aulas. Al menos, de momento, pues un sector del profesorado ha criticado el contenido del texto, al tacharlo de insuficiente. Y a esa voz en contra se han sumado las de varios de los partidos en la oposición regional.
Por lo que respecta al documento, sus principales medidas son, por un lado, agilizar las sustituciones en los centros. En ese sentido, el ejecutivo se ha comprometido a acelerar el procedimiento de sustitución del profesorado, acortando los tiempos de incorporación a las aulas. Paralelamente, se trabajará de manera coordinada con las direcciones para que anticipen sus posibles necesidades de personal, y se explorará la opción de realizar dos convocatorias semanales para la cobertura de bajas. En un segundo escalón se halla la eliminación de la burocracia, algo complejo, pero aplicable toda vez que se reforzará el grupo de trabajo que ya está creado para reducir tareas burocráticas y reanudar las reuniones inmediatamente. Para ello, la composición del equipo de dicha mesa se completará con cuatro profesionales de la Dirección General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial.
En un orden distinto, se mejorarán los contratos externos de soporte técnico, y se impulsará el llamado Plan ‘Simplifica Educación’, en línea con la Ley Simplifica, que ya se tramita en la Junta General para toda la Administración autonómica. Del mismo modo, durante el curso que viene se automatizará la documentación de las itinerancias del personal docente, y se unificarán en una misma aplicación el control de asistencia del alumnado y la petición de autorizaciones a las familias. Finalmente, la Consejería de Educación trabajará en el diseño e implementación de un un sistema de evaluación por competencias, una fórmula que también se extenderá a las situaciones de aprendizaje.
¿Y qué decir de las mejoras salariales, otra de las motivaciones principales de la huelga? Pues bien, el Principado actualizó su propuesta inicial, de modo que, en lo sucesivo, se aplicará un incremento mensual de 210 euros para el profesorado con menos de seis años de experiencia laboral (es decir, 2.940 euros más al año), lo que supone un sensible aumento sobre la idea inicial de aumentar los salarios en 170 euros más al mes (2.380 al año). Su aplicación tendrá lugar a razón de cien euros más a partir del próximo mes de enero, setenta desde septiembre, y los cuarenta euros restantes, en enero de 2027. Finalmente, para el resto del personal docente se contempla una subida de 140 euros mensuales, lo que implicará un aumento de 1.960 euros anuales; de nuevo, cien de esos euros comenzarán a cobrarse el próximo enero, y los otros cuarenta, un año más tarde. Cabe recordar que la primera oferta del Gobierno fue de 105 euros más al mes (1.470 al año).
«Este acuerdo refuerza el compromiso de la educación pública en Asturias», celebraban ayer la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, al finalizar las negociaciones. Y es que, para ambos, este compromiso se resume en «una mayor equidad, en un mayor apoyo a la diversidad, en menos alumnos por aula, en menos papeles, que era otra de las reivindicaciones que trasladaban los propios docentes, en más profesionales para mejorar la educación pública y también una mejora retributiva para los docentes«. Menos entusiastas se revelaban los representantes de los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, SUATEA y ANPE, que han sostenido el pulso con el Gobierno durante nueve largas jornadas de conversaciones… Aunque conscientes de que «se nos han quedado cosas en el tintero«, admitían que es «un buen preacuerdo«, forzado por la necesidad de «ceder en algunos aspectos para conseguir mejoras en otros«. En cualquier caso, apuntaban que «era esto o nada«.
Claro, que esa reflexión no ha convencido a todo el mundo… Una parte del profesorado concentrado ante el Edificio Administrativo de Servicios Públicos (EASMU) de Oviedo recibió a los portavoces sindicales con gritos de «Es un paso atrás», «Esto es un atraco» o «Barbón dimisión», una forma bastante gráfica de resumir su disconformidad con un texto que no cubre la totalidad de los objetivos marcados en el contexto de la huelga. Más severa se mostraba la diputada del PP Gloria García; a su juicio, la firma no es sino un «cierre en falso» del problema, ya que, aunque «desconvoca la huelga, no soluciona las reivindicaciones de los docentes». En una línea semejante se pronunciaba el portavoz de Foro, Adrián Pumares, alertando de que «es un acuerdo de mínimos que sirve para parar la huelga, pero siguen multitud de reivindicaciones pendientes»; algo que, en su opinión, se puede constatar con sólo mirar a Cantabria, donde el profesorado «sigue cobrando más que el asturiano». Frente a ambos, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé se expresó en un tono más mesurado, felicitando a sindicalistas, docentes y familiares por haber sido «un ejemplo de movilización social», aunque sin dejar de pedir al Ejecutivo «que apueste por la educación pública continua».
