Con la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, serán las comunidades de propietarios las que tendrán la última palabra; además, desde julio los dueños de tales viviendas deberán registrarlas en la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos
En esa especie de ‘tiqui taca’ a varias bandas que se disputa en torno al polémico problema de las viviendas de uso turístico (VUT), la pelota está a punto de pasar a control de las comunidades de propietarios. Porque en menos de veinticuatro horas, este mismo jueves, entrará en vigor a reforma de la Ley de Propiedad Horizontal… Y, desde ese momento, serán los residentes en un determinado inmueble los que decidirán, en último término, si dan el visto bueno, o no, a la puesta en marcha de uno de tales negocios en su bloque. Un poder de veto diseñado conjuntamente por los Gobiernos nacional, autonómicos y municipales, y con el que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que preside la socialista Isabel Rodríguez, pretende «empoderar a los vecinos«, dándoles una mayor capacidad de decisión.
Así las cosas, a partir de mañana cualquier pretensión de habilitar una VUT requerirá del acuerdo expreso por parte de la comunidad de propietarios y, un cambio importante, sin necesidad de modificar el título constitutivo o los estatutos, como sí sucedía hasta la fecha, en virtud de la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo. Para que los dueños de una potencial vivienda turística puedan seguir adelante con su proyecto, se requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que representen, a su vez, las tres quintas partes de las cuotas de participación.
Dicha medida discurrirá en paralelo a la obligatoriedad, recogida en el Real Decreto al efecto aprobado el año pasado para luchar contra el fraude, de que los arrendadores de cualquier tipo de alquiler de corta duración, ya sea turístico o temporal, registren su vivienda en la bautizada como Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, un servicio que entrará en servicio en julio, pero en el que ya es posible inscribirse. De hecho, desde enero ya se han registrado un total de 18.104 viviendas en todo el territorio nacional; de ellas, 8.787 han recibido ya su número correspondiente, otras 7.393 están en fase de evaluación, y 1.924 más han visto revocada la petición.
