Barbón ha dado la noticia durante el pleno de la Junta General tras un proceso en el que los trabajadores han criticado la falta de un «interlocutor con capacidad de negociación» y «opacidad» en ofertas anteriores
Saben que la situación se está volviendo desesperante para todos. Los usuarios se enfrentan a largas listas de espera para poder pasar la ITV a sus vehículos y en muchos casos terminan escapando a Cantabria, Galicia o León. El Gobierno del Principado intenta calmar las aguas con ofertas; y ellos pierden dinero cada día de huelga que pasa. Pero aún así, los trabajadores de Inspección Técnica de Vehículos, Itvasa, no cesan en su empeño de exigir las condiciones que desde hace tiempo consideran asfixiantes para poder llevar a cabo su labor y ahora, en particular, de que se siente a la mesa con ellos alguien «que tenga capacidad de negociación real». Los empleados de la empresa pública asturiana rechazaron el pasado sábado con cierta unanimidad las últimas propuestas hechas por el Ejecutivo para satisfacer sus exigencias.
De la plantilla de 254 empleados, un 81% votó en contra de aceptar la oferta que contemplaba una subida salarial, una reducción de la jornada a 35 horas y la creación de un complemento retributivo vinculado a la mejora del absentismo. Se trata del mismo porcentaje que está participando en la huelga, aunque «los que no lo hacen están de vacaciones o de baja» (al margen de una abstención y 28 votantes a favor), justifica Marcos Llorente, presidente del Comité de Empresa ITV Gijón. A pesar de las declaraciones de algunos dirigentes autonómicos que definieron como «rota» la negociación, como manifestó la titular de Industria, Nieves Roqueñí, y a la espera de más datos sobre el anuncio hecho esta mañana por Adrián Barbón en el Parlamento sobre un «principio de acuerdo», los trabajadores han mantenido su posición hasta la fecha al considerar que la negociación no estaba siendo «realista» por parte de la Administración. «No nos negamos porque queramos más, sino porque sabíamos que lo que nos estaban ofreciendo era para no dárnoslo luego», argumenta Llorente.
Los empleados de Itvasa han echado en falta varias cosas estos meses. La primera, como destaca el gijonés, ha sido contemplar la falta de un interlocutor real con el que negociar. En varias ocasiones el viceconsejero de Industria, Isaac Pola, que fue el principal responsable de sentarse a la mesa, admitió públicamente «que ya no tenía capacidad para poder hacer más cambios». A pesar de ello, Roqueñí, «nunca se ha sentado a escucharnos» ni tampoco «nadie de Vicepresidencia o Presidencia». A ello, los afectados sumaron haber observado «mucha opacidad en explicar los procedimientos de lo que ofrecían». «Al preguntar la manera en la que se iban a hacer efectivas algunas cláusulas, nos encontramos sin respuesta», sostiene el técnico.
Por otro lado, está la novedad del complemento retributivo vinculado a mejorar el absentismo, que el Principado respaldó en una tasa que no se corresponde con la ITV asturiana, según clama su representante en Gijón. «Establecieron de base un 2,2%, pero han cogido una cifra que no es nuestra perteneciente a una mutua privada y sobre inspecciones técnicas de vehículos en general», describe Llorente. Aparte, de nuevo, «tampoco aclaran bajo qué criterios han considerado absentismo». Los empleados añaden esta cuestión a la exigencia de cumplir con una productividad que mantuvieron intacta a pesar de ofrecer la posibilidad de reducir la jornada a las 35 horas que pedían.
«No sirve de nada firmar eso en el papel si los requisitos son los mismos y para ciertas cosas se tarda lo que se tarde, no se puede agilizar más, por lo que habría que cambiar procedimientos de la inspección o aumentar la plantilla», aclara Llorente. El gijonés tampoco ha visto con buenos ojos algunas declaraciones emitidas por el presidente del Principado desde que se desatase este último episodio de huelga, aludiendo a la mayor productividad en las ITVs de otras autonomías «en las que se cumplen 20 inspecciones al día» por trabajador. «No es manera de negociar tratar así a la plantilla públicamente, hablando de absentismo y poca productividad», afea el responsable.
La lista de cambios termina con la adecuación de las categorías del personal de oficina, que «trabajan en niveles inferiores a las tareas que desempeñan» y la recuperación del plus de antigüedad con el que los empleados buscaban equipararse al resto de entidades públicas. Este parece haber sido uno de los puntos que más se ha enquistado en las conversaciones de los últimos días ya que, como mencionó la Consejera, el Principado no puede otorgar ese complemento «porque supone un incremento de masa salarial y es, manifiestamente, ilegal».
Todo ha podido cambiar este miércoles tras un nuevo intento de acuerdo que iba a involucrar a Ana Muñoz, representante por CCOO del comité de empresa, así como al propio Llorente, quien acudió a las reuniones de hoy con la vocación de «solucionar el conflicto esta semana». Esta misma tarde continúan la conversación para que mañana los trabajadores puedan someter de nuevo a votación el principio de acuerdo con el que finalizaría el actual episodio de paros.
