El Principado considera el proyecto «estratégico» por la actividad y el empleo que generará, al tiempo que la Coordinadora Ecoloxista critica su impacto ambiental, tanto terrestre y marítimo como aéreo
¿Buena noticia o nueva bofetada ambiental para la región? Es difícil calificar aún el impacto que tendrá sobre el territorio asturiano el proyecto para la fabricación de componentes para baterías de coches presentado por la empresa Ionway, constituida por la belga Umicore y la alemana PowerCo (Volkswagen), y que se instalará en suelo del puerto de El Musel. Lo que sí es cierto es que la publicación este lunes en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) de la declaración de impacto ambiental ha allanado aún más el camino para que la futura instalación se convierta en una realidad. Y ese hecho ha vuelto a polarizar a la opinión asturiana, pues mientras que para el Gobierno autonómico es una oportunidad a aprovechar, para los ecologistas se trata de una nueva amenaza para la ya de por sí frágil salud medioambiental de Asturias en general, y de Gijón en particular.
Por el flanco institucional, el Ejecutivo que preside Adrián Barbón no ha tardado en calificar el plan como «estratégico para la comunidad por la generación de actividad industrial y empleo de calidad que implica». Más aún, las mismas fuentes, previendo la polémica, han recordado que «se trata de una inversión vinculada al proceso de transición de la economía, en concreto, a la descarbonización del sector de la movilidad». Sobre esa cuestión se pronunciaba poco después la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, para explicar que el trámite consumado hoy, necesario para la concesión de la licencia de obra, es «la primera fase de la tramitación medioambiental, dado que todavía queda pendiente la autorización ambiental integrada (AAI)». Eso sí, ha dejado claro que «la declaración de impacto ambiental muestra la viabilidad medioambiental del proyecto, ya que no se han considerado efectos significativos, y las condiciones correctoras hacen compatible la instalación en el puerto de Gijón».
Sin embargo, esas explicaciones no han convencido a la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, en la que «lamentamos esta insistencia empresarial de adjudicarnos las peores partes de los procesos de la transición ecológica». A juicio de sus integrantes, «lejos de realizar una actividad más limpia y con más valor añadido como sería el montaje de las baterías, se planifica el contaminante proceso de fabricación de unas 10.000 toneladas anuales de estos componentes, que parten de la síntesis de materiales como el níquel, cobalto, magnesio y litio». Paralelamente, los materiales que se recibirán en la planta de baterías «serán unas 281.000 toneladas de ácido sulfúrico al 94% y 474.000 de sosa caustica al 50%. Por si fuera poco, el proceso fabril supondría la llegada de dos buques de químicos a la semana para aportar las materias primas en una zona de elevado riesgo de inflamación e incendio».
Eso, por lo que respecta a los procesos, pero la propia ubicación de la planta también genera tensiones. Será en la ampliación de El Musel, «el peor emplazamiento posible para una planta química ante el riesgo de un accidente», debido a la insuficiente estabilidad de un firme detraído al mar. «Las instalaciones estarían en un puerto artificial que soporta oleaje y embestidas marinas, lo que aumenta notablemente el riesgo de desperfectos en las instalaciones y de una evidente contaminación en la zona si hubiera inundaciones». A mayores, la industria resultante, una vez operativa, «consumirá más de cinco millones de litros de agua de la EMA (Empresa Municipal de Agua), casi la mitad de la que consume todo el concejo. Además, la mayor parte se tendrá que desmineralizar, y todo esto en un contexto de creciente sequías, mengua de las precipitaciones y cambio climático que dificultan cada vez más el abastecimiento de agua».
Por descontado, el impacto medioambiental y la contaminación también suscita el malestar de la Coordinadora Ecoloxista. La planta «verterá anualmente al mar 6,2 millones de metro cúbicos anuales de aguas residuales a través del emisario de Aboño, y el proyecto publicado no detalla el tratamiento de estas aguas usadas en el proceso industrial, dando por hecho el elevado coste de contaminación marina». Por ello, «nos preocupan, entre otras tantas cosas, el elevado nivel de sulfuro de sodio disuelto en esas aguas y que, una vez vertidas al mar, modificarán sustancialmente la salinidad de la zona, con el correspondiente impacto en las especies marinas. Debemos cuestionarnos con total seriedad si las áreas de Gijón y Carreño, altamente contaminadas, pueden soportar las consecuencias de este proyecto». Por último, apuntan al «considerable aumento del tráfico por carretera que supondría: al menos, unos 2.200 camiones al año transportando residuos peligrosos, aunque aún no sepamos por dónde pasarán una vez paralizado el vial de Jove».
