El colectivo, ramificación de la matriz fundada en Madrid, lleva tres meses operativo en la región, centrado en brindar asesoramiento y ayuda a todos aquellos afectados por alquileres abusivos; ayer fue presentado oficialmente en Oviedo
Si se recurre a una definición de manual, el sindicalismo no es otra cosa que la organización de los obreros para defender sus intereses y necesidades frente a los empleadores y al Estado. Así se simple y, a la vez, complicado, pues con el correr del tiempo ese concepto ha trascendido lo meramente laboral, llegando a germinar en casi cualquier ámbito en el que una parte de sus integrantes se ha sentido en desventaja y oprimida por otra, a menudo cuantitativamente menor. Combinando ambas explicaciones, era cuestión de tiempo que en España el esquema sindical llegase al sector de la vivienda, en la actualidad uno de los más tensionados que existen en el país, con precios de compra y alquiler en rampante ascenso, y economías domésticas cada vez más limitadas para costearlos. Y es precisamente en ese contexto en el que ha nacido el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias, ramificación regional de la matriz madrileña original, y concebido para prestar asesoramiento, orientación y apoyo a todos aquellos residentes en régimen de alquiler sometidos a condiciones abusivas. Una apuesta social que ayer fue presentada oficialmente en Oviedo, y que ahora, tres meses después de dar sus primeros pasos, aspira a expandirse fundando secciones por todo el Principado. Sin prisa, sí, pero también sin pausa.
«Es el momento de organizarnos; no podemos seguir parados«, declara Andrés García López, uno de los fundadores y portavoces del colectivo recién nacido. Como los seis compañeros originales que dieron vida a este proyecto, este licenciado en Filosofía, con domicilio en La Corredoria, fijó sus ojos en el primigenio Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, fundado a mediados de la década de 2010, y al que, poco después, complementó el Sindicat de Llogateres en Barcelona. Ambas organizaciones continúan vivas, y muy activas, lo que constituyó la inspiración final para que García y los suyos se lanzasen a la piscina. Todo ello, en respuesta «al incremento de sectores de la población española que dedican buena parte de sus ingresos a obtener una vivienda a través del alquiler». Y salta a la vista que estos tres primeros meses han dado frutos… Hoy la coordinadora sindical la integran una decena de persona, aunque son cerca de noventa las que conforman la asamblea. El grueso de ellas, residentes en la capital asturiana, aunque ya comienza a hacerse notar el interés en otros concejos. También en Gijón.
«No tenemos una ideología específica; somos vecinos luchando por una vivienda digna»
Por descontado, cualquier acción precisa de un catalizador concreto, un hecho puntual que constituye un punto de inflexión, y colma el vaso de la inacción. Para García, esa frontera se cruzó a la vista de la situación que se da en el inmueble en el que reside, uno de los seis bloques de protección oficial que la empresa Arboleya Visoren Norte (AVN) administra en La Corredora, bajo concesión del Gobierno autonómico. «Empezamos haciendo un puerta a puerta en cinco de los pisos, y descubrimos que estaba habiendo varios problemas de regularización; básicamente, se estaba cobrando a los inquilinos por pérdidas de la empresa«, detalla. Una de las afectadas dio el paso y presentó una denuncia formal, momento en que, siempre según el relato de García, AVN «la quiere desahuciar». Se trata del caso más extremo, pero otros inquilinos han relatado que «se les obliga a contratar el agua con la suministradora que imponga la empresa«, y que se les aplican «cobros abusivos de suministros«. Lógicamente, el descontento también alcanza al Principado, responsable de la cesión de los derechos de superficie a tales compañías. «Se acordaron dos reuniones al año para comprobar que se cumplen los términos del acuerdo, pero el trabajador no da a basto; son seis bloques en Oviedo y otros tres en Avilés», detalla.
Panoramas parecidos se repiten en otras viviendas de la región, tanto de protección oficial como de uso general. De ahí la convicción de que la autoorganización es la mejor forma de intentar cambiar las cosas. Una cruzada para la que este nuevo colectivo cuenta con el apoyo de la sección sindical de AVN, y que se desarrollará, aparte de brindando información y ayuda, celebrando charlas, talleres y, llegado el caso, movilizaciones. «No tenemos una ideología específica; somos vecinos luchando por una vivienda digna, lo que se traduce en que ninguna persona deba abonar más de un 20% de su salario, o del ingreso social, para costearse un hogar», matiza García. Ahora bien, todo lo anterior se está acometiendo a ritmo sereno, sin atropellos… E intentando sortear cierto obstáculo que podría lastrar la labor del sindicato: la escasez de los llamados ‘bloques verticales’, con todas sus viviendas en poder de un solo propietario. Y es que le que exista una dispersión de tenedores «lo complica todo, aunque es posible organizarse igualmente en los bloques, y fundar secciones sindicales; especialmente si los bloques son propiedad de fondos de inversión internacionales».
Lógicamente, ni García, ni sus camaradas son ajenos a las medidas legislativas que nación y autonomía están acometiendo para tratar de ajustar el mercado de la vivienda, y aliviar la presión que recae sobre los inquilinos, si bien son escépticos sobre su eficacia. «Propone dar ayudas a las personas para que puedan pagar a las empresas, en lugar de decirles a esas mismas empresas que tienen que controlar los precios, no nos parece lo mejor, la verdad…», confiesa, convencido de que lo que se debería hacer «es regular la ley del mercado para evitar la especulación», e intervenir para desbloquear los miles de domicilios sin uso, retenidos por entidades bancarias. «La propuesta del Gobierno es construir 30.000 viviendas en régimen de protección oficial, cuando hay ese parque inmobiliario inmovilizado. Además, se van a construir con colaboración público privada, como en el caso de AVN; y nosotros pensamos que es algo que el Ejecutivo debería administrar directamente«, sentencia García. Sin olvidar, claro, ese segundo frente que constituye el aumento de turismo… «Por toda Asturias nos estamos encontrando a personas a las que quieren desahuciar para reformar el piso y alquilarlo a precios desorbitados, para aprovechar las tendencias de turistificación; nos han llegado a hablar de habitaciones por 500 o 700 euros, algo poco manejable si los salarios medios están en 1.500 euros. Y eso que el arco más joven está todavía más precarizado, con jornadas parciales, salarios bajos…».
Ese es el cuadro general que el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias se propone repintar, y así quedó claro en el transcurso de la presentación hecha en los bajos de los bloques de AVN en la calle Pablo Alonso Rato, y en compañía de representantes de las organizaciones homólogas de Madrid y Barcelona. Y, de nuevo, con el mantra de la calma bien presente. Como García concluye, «tenemos mucho que hacer, y hay mucho por lo que luchar. Iremos paso a paso».
