En Medio Ambiente celebran la cifra, la más alta desde 2010, si bien matizan que la población actual, unos 3.000 ejemplares, no está «al nivel de una plaga»; en todo caso, los daños causados por dichos animales suman un coste total de 243.653 euros
La guerra tierra-aire de Gijón contra la población de palomas y, por ende, sus efectos nocivos sobre los equipamientos urbanos continúa dando frutos… Y cada vez más. Tal como la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad confirmaba este miércoles, el refuerzo del servicio de captura de ejemplares en el periodo comprendido entre 2024 y lo que va de 2025 ha permitido atrapar a casi 900 de dichas aves, un 30% de una población que, según los datos manejados por el Ayuntamiento gijonés, podría rondar los 3.000 animales. Se trata, de hecho, del mayor volumen de capturas conseguido desde 2010, un datos a celebrar, especialmente, a la vista de que los ejemplares en cuestión no son sacrificados o dañados, sino reubicados en centros autorizados, conforme a lo dictado por los más elementales criterios de bienestar animal.
Por zonas, un vistazo al plano de Gijón permite señalar la plaza Mayor, con sus numerosos soportales, cornisas y salientes, como el área más prolífica de la campaña, aglutinando un 31% de esas capturas. Le seguiría en importancia El Musel, donde se atrapó a un 22% de las palomas, y las plaza Europa y Romualdo Alvargonzález, con un 17% y un 15%, respectivamente. Mucho menos jugoso ha sido el parque Isabel la Católica, donde se echó el guante a un 11%; en cuando al 5% restante, fue capturado en el parque Fernando VI. Eso sí, lo que no varió fue el método utilizado para cumplir la misión; en todos los casos se recurrió a jaulas-trampa fijas colocadas en puntos estratégicos del entorno urbano, con sistemas de entrada sin retorno. Tales dispositivos, aseguran desde el Consistorio, no son lesivos para las aves.
El edil del área, Rodrigo Pintueles, acotaba ayer que, si bien ese censo de 3.000 palomas «no se puede considerar problemático», ni equivalente a «una plaga», la actuación, impulsada por el Servicio de Calidad y Vigilancia Ambiental, responde «a la necesidad de preservar la salud pública, proteger el mobiliario urbano y garantizar el equilibrio ecológico en ciertos puntos críticos con una alta densidad de ejemplares». Al fin y al cabo, proseguía el concejal del PP, «los daños que provocan las palomas en edificios, monumentos y espacios públicos son evidentes»; tanto, que desde su departamento se estiman en un coste conjunto de 243.653 euros el último año, montante que, a su juicio, confirma que «actuar es una responsabilidad hacia la ciudad y hacia el patrimonio de todos».
