Suárez Llana denuncia que la medida antepone la creación de aparcamientos a la seguridad de los niños, y clama por la inclusión en los presupuestos de 2024 de las dieciséis propuestas previstas en el Plan de Movilidad
Rebasada la frontera de sus cien primeros días en el poder, para el equipo que encabeza la alcaldesa, Carmen Moriyón, la cuestión de la movilidad parece haberse convertido en su talón de Aquiles particular. La última carga de leña a ese fuego la ha arrojado la comunidad educativa de la ciudad, apoyada en el grupo local de Izquierda Unida (IU). Y es que el portavoz de dicho partido, Javier Suárez Llana, denunciaba esta misma mañana, en nombre de las asociaciones de padres de alumnos (AMPAS), la decisión del Consistorio gijonés de suprimir los bolardos en los accesos a los colegios Nicanor Piñole, Begoña, Noega, Jovellanos y Montevil. Una decisión con la que el Ejecutivo pretende recuperar las hasta 133 plazas de aparcamiento perdidas con la colocación de tales dispositivos, aunque «comprometiendo con ello la seguridad de nuestras niñas y niños», que, en la práctica, se han quedado sin áreas peatonales en los puntos de entrada y salida a los centros educativos.
Los bolardos en cuestión constituyen, o así lo hacían hasta su eliminación al comienzo del curso, una de las últimas reminiscencias físicas de la pandemia del coronavirus. Instalados en dieciocho centros con el fin de garantizar la distancia social exigida por las autoridades sanitarias, el hecho de que dibujasen una zona de tránsito peatonal segura, sin injerencias de vehículos, pronto se reveló del agrado de estudiantes, padres, profesores y directivos, que solicitaron su mantenimiento continuo, aduciendo que se trataba de una forma sencilla y barata de asegurar el paso de los pequeños hacia y desde los colegios. Su petición, empero, ha caído en saco roto. «Lo que se ha hecho ha sido retirarlos sin ningún tipo de comunicación al centro, y con quejas tanto de los equipos directivos, como de las AMPAS y, en general, de las familias», ha destacado Suárez Llana durante su comparecencia, que ha estado precedida por la lectura de un comunicado emitido por la AMPA del colegio Nicanor Piñole, en el que se ruega a los ciudadanos que no aparquen frente a los centros, y que tengan cuidado al maniobrar con sus vehículos. Quejas, ha matizado el líder de IU, que, «pese a haber sido registradas, no han tenido ninguna respuesta ni por parte de la concejalía de Tráfico, no de la de Educación».
Prueba, a juicio de Suárez Llana, de «a lo que lleva el fanatismo del Gobierno en lo que el concejal de Tráfico (Pelayo Barcia) viene resumiendo como una política de movilidad que no moleste al coche», la decisión cobra una gravedad mayor siendo como es Gijón coordinadora de la Red de Ciudades Educadoras durante el presente año. Y más aún a tenor de que ni la propia Moriyón, ni la edil de Educación, Ángeles Fernández-Ahúja, se han pronunciado al respecto todavía. Esta última, ha recordado el portavoz de la formación de izquierdas, en 2020 presentó enmiendas a una propuesta potenciación de los caminos escolares lanzada en el Pleno de febrero, por las que solicitaba ampliar el alcance de la acción a las rutas de los estudiantes, en pos de la seguridad tanto vial, como personal del alumnado. Todo ello, sumado a los efectos contaminantes que el regreso de los vehículos puede llegar a tener sobre la salud.
Para Suárez Llana, la solución pasa «por una retirada inmediata de la medida», y por la catalogación de los colegios como Zonas de Especial Protección de la Salud. Es más, desde IU han aprovechado para recordar a Barcia que, de cara al Plan de Movilidad que el actual Gobierno se ha comprometido en modificar o suprimir, existen dieciséis proyectos para crear entornos escolares seguros en ocho colegios y cuatro institutos de la ciudad, «hechos por arquitectos, fruto del consenso, que sólo habría que incluir en los presupuestos de 2024, licitar y ejecutar». A ese respecto, ha anunciado que llevará a la comisión de Obras Públicas de este viernes un ruego para que tal cosa ocurra. Y ha concluido lanzando una pregunta al aire: «En caso de que se produzca un accidente, ¿el Gobierno se va a responsabilizar?».
