El ministro Bustinduy anuncia la medida como respuesta a la «amenaza» que suponen tales productos, y estudia elevar la edad mínima a 18 en el caso de concentraciones de más de 32mg. por cada 100ml.; de salir bien, reforzará la ley autonómica que se sigue ultimando en Asturias
Ni Asturias, ni Galicia, ni las restantes regiones del país que han declarado la guerra al consumo de bebidas energéticas por parte de menores están ya solas dicha esa cruzada. España se ha lanzado de cabeza a ella. Así, mientras la norma autonómica avanza, con la mirada puesta en que entre en vigor este verano, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, anunciaba este miércoles la voluntad del Gobierno central de prohibir la venta de todos y cada uno de tales productos a los menores de 16 años, al entender ver en el poder adictivo y excitante de los mismos una «amenaza» para los más jóvenes de la sociedad. Y no solo eso; el Ejecutivo nacional estudia elevar esa edad mínima hasta los 18 en el caso de aquellas bebidas con concentraciones de más de 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros de líquido.
«Tenemos la firme voluntad de sacar esta regulación adelante, y lo haremos con el instrumento jurídico más eficaz, para que pueda ver la luz en el menor plazo posible», sentenció ayer Bustinduy, decidido a dar un paso que, en la práctica, persigue «anteponer la protección de la salud de los niños, niñas y adolescentes sobre los intereses económicos de una industria muy poderosa». Y será poderosa, cierto, pero ante sí tiene un «amplio consenso» de la sociedad española a favor de la citada limitación. Al fin y al cabo, recordó el ministro, según el último barómetro publicado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), y que data de la semana pasada, nueve de cada diez españoles están de acuerdo con la prohibición, con una proporción que llega al 88,3% en el caso de los encuestados de entre 18 y 35 años.
Por supuesto, en el Ministerio de Bustinduy no se engañan, y dan por hecho que el avance de ese proyecto se topará con obstáculos. Al fin y al cabo, la misma encuesta realizada por la AESAN prueba que el 25% de los ciudadanos consultados consume bebidas energéticas a un promedio de dos veces por semana; que casi la mitad, el 49%, lo hacen, al menos, una vez al día, y que el 47% las mezclan regularmente con alcohol. Aun así, los precedentes internacionales invitan al optimismo. Así, si la apuesta del Gobierno sale bien, España entrará a formar parte de un ‘club’ que ya ha implementado prohibiciones similares, y en el cual figuran, entre otras naciones, Alemania, Noruega, Letonia, Polonia, Hungría y Lituania. En cuanto al proyecto que el Principado tiene entre manos, disponer de una norma nacional reforzará el poder de esa ley autonómica que, a día de hoy, se sigue ultimando.
