El Ayuntamiento añade límites como establecer los niveles de acceso en base a la condición de los interesados, además de adaptar las restricciones a los cambios en la contaminación ambiental que se produzcan a diario
El concejal de Tráfico, Movilidad y Transportes Públicos del Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia ha avanzado este martes la convocatoria del Consejo Sectorial de Movilidad, de cara a iniciar la tramitación de la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de La Calzada, que estima que pueda empezar a funcionar en 2025, pero de manera informativa y «sin sanciones» hasta que el vial de Jove esté operativo. Barcia, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha explicado que ya se puede convocar el Consejo Sectorial de Movilidad porque ya cuentan con un servicio jurídico creado que dará apoyo al mismo. La idea es convocarlo para finales del próximo mes de febrero con el propósito de abordar la ZBE y la Ordenanza de Movilidad.
La citada Zona de Bajas Emisiones tiene ya marcados unos límites físicos por la Comisión Europea «heredados del anterior Gobierno» al tratarse de una convocatoria con fondos europeos Next Generation, pero el Gobierno local quiere fijar sus propios límites políticos de partida. No resta esto, eso sí, el tener en cuenta a las asociaciones vecinales, colectivos afectados y otros agentes. «Respetando estos límites físicos y políticos, estamos abiertos a escuchar cualquier propuesta que ayude a que Gijón tenga esta ordenanza», aseveró el concejal.
Estos cinco límites incluyen, entre otras cosas, que la Zona de Bajas Emisiones se inicie de manera informativa hasta que esté operativo el vial de Jove, además de que mantendrán permiso de paso los vehículos adquiridos previamente de residentes, pymes y autónomos y de que no habrá fines recaudatorios. Es decir, que no habrá opción de pagar para «incumplir». Otro de los puntos establecidos por el Consistorio será que los niveles de acceso se determinarán por la condición de los interesados en acceder, como por ejemplo el caso de residentes o trabajadores, y no por el modelo de vehículo que posean. Además, las restricciones no serán permanentes, sino graduales y «vinculadas a episodios de contaminación ambiental».
Sobre esto último, ha apuntado que la idea es desarrollar una aplicación donde se informe del nivel de restricción de cada día y también a través de paneles informativos. La aplicación podrá servir, además, para que, por ejemplo, un residente informe de un cambio de vehículo en caso de sustitución temporal.
Asimismo, sobre la Ordenanza de Movilidad, ha mencionado que el tiempo parece haberles dado la razón, ya que «la anulación judicial de la Ordenanza impuesta en el anterior mandato no ha generado ningún problema a la ciudad». «Ha quedado claro que los presagios fatalistas volcados desde la izquierda, vinculando su anulación con la pérdida de fondos europeos, eran falsos, dado que no ha sucedido nada de lo que pronosticaban», afeó el responsable de Movilidad. No obstante, ha aclarado que el Ejecutivo local entiende la necesidad de tramitar una nueva ordenanza «para incorporar aspectos y matices que no están sobradamente definidos», como puede ser el uso de los patinetes eléctricos o el estacionamiento regulado, entre otros.