En el área de Seguridad Ciudadana confían en aprobar la adjudicación del contrato la próxima semana, pero tachan de «alocada» la sugerencia de Vox de destinar recursos de la Policía Local a patrullar todas las parroquias: «Está hablando de un estado de sitio; harían falta 400 agentes»
No ha sido una noticia tan cálidamente recibida por los beneficiarios como habría cabido esperar. Las sucesivas demoras en la consumación del proyecto han hecho que cierto escepticismo latente lo impida… Y, sin embargo, los vecinos de la zona rural de Gijón sin han acogido con una cierta dosis de esperanza remanente el anuncio, hecho este miércoles por el Gobierno municipal, de que la red de videocámaras para prevenir la delincuencia en sus veinticinco parroquias podría estar instalada entre abril y mayo de 2025. Todo dependerá de que los trámites burocráticos que quedan por subsanar se resuelvan felizmente. Y el siguiente en la lista, la adjudicación del contrato a la unión temporal de empresas (UTE) integrada por las compañías Ecomputer, SL, y Telecable, SAU, quedará felizmente zanjado, a falta de imprevistos, la semana que viene.
La encargada de adelantar la cuestión fue la concejala gijonesa de Seguridad Ciudadana, la forista Nuria Bravo, en el transcurso del pleno ordinario de diciembre, celebrado en la mañana de ayer, y en respuesta a una consulta formulada por la portavoz local de Vox, Sara Álvarez Rouco. Así, el proceso para dotar a dichas parroquias de cámaras de videovigilancia vuelve a estar en marcha, una vez sorteado el obstáculo que supuso la declaración, por parte del servicio de Intervención del Ayuntamiento y hecha en la primera semana de este mes, de que la documentación adjunta a la oferta de la UTE no probaba de manera suficiente la solvencia técnica de la misma. No obstante, ahora la mesa de contratación sí se ha mostrado satisfecha con los nuevos informes presentados por ambas empresas, reabriendo la puerta a la consumación del proyecto. De hecho, una vez confirmada la adjudicación a la UTE, la formalización del contrato se hará en la segunda quincena de enero de 2025, con un plazo límite de ejecución de tres meses y quince días. Aun así, Bravo y su equipo confían en que la instalación de las cámaras concluya mucho antes, no más allá de mayo.
Por tierra y por aire, la presencia de la Policía Local continuará en la zona
Entre tanto, y a modo de refuerzo de los esfuerzos de tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil ya realiza en el entorno rural de Gijón, la edil de Seguridad Ciudadana recalcó que una patrulla de la Policía Local recorrerá las parroquias de forma constante, apoyada desde el aire por un dron, y coordinada desde las dependencias del cuerpo por la labor del recientemente nombrado inspector responsable de la zona en cuestión… Y ese punto, el de la presencia policial, fue el que desató uno de los duelos dialécticos más agrios de la sesión plenaria de ayer. Disconforme con lo que considera una respuesta insuficiente, la representante de Vox, Rouco, llamó a a destinar recursos policiales «específicos y presenciales» a tales parroquias, una idea que Bravo calificó de «alocada«. Y no por razones gratuitas, sino porque, tal como detalló la concejala de Foro, para conseguir tal cosa sería preciso multiplicar el tamaño de la plantilla de la Policía Local hasta un total imposible. «Está hablando de un estado de sitio; harían falta 400 agentes«, sentenció.
Rouco, por su parte, se limitó a afear a Bravo que hubiese utilizado el término ‘alocada’, que, visiblemente molesta, interpretó como «una falta de respeto«. Un detalle menor sobre el que la forista pasó por encima, si bien, con ánimo conciliador, zanjó la cuestión admitiendo la posibilidad de crear una línea telefónica específica para que los habitantes de las parroquias rurales puedan contactar urgentemente con las fuerzas policiales, ya dependan del Consistorio o de Delegación del Gobierno.
