Los trabajadores podrán acceder a sus datos de jornada, conocer los salarios medios y reclamar indemnizaciones más justas
El año 2026 se perfila como uno de los más relevantes de la última década en materia de derechos laborales. El Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, tiene sobre la mesa un paquete de reformas que afectará a millones de trabajadores, desde el salario mínimo hasta el control de la jornada, el despido o la igualdad salarial.
El primer gran cambio llegará de forma inmediata con la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La propuesta del Gobierno es elevarlo un 3,1%, hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas, lo que supone un incremento de 37 euros respecto a la cuantía actual. Además, se mantendría exento de tributación en el IRPF y tendría carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, si prospera el acuerdo en la mesa de diálogo social.
Sin embargo, la negociación no está cerrada. La CEOE mantiene su rechazo a que esta subida se traslade automáticamente a los contratos públicos debido a la Ley de Desindexación, mientras que los sindicatos defienden que el aumento no pueda ser neutralizado mediante pluses o complementos salariales.
Para el abogado laboralista Adrián Rivas, de Servanda Abogados, esta batalla es clave: “Si la subida del SMI puede ser absorbida por complementos, su impacto real sobre los salarios más bajos se diluye. La reforma de compensación y absorción es esencial para que el salario mínimo cumpla su función social”, señala.
Control digital de la jornada
Otra de las reformas estrella es la del registro horario, que cambiará por completo la forma de controlar la jornada laboral. El Gobierno quiere implantar un sistema digital obligatorio, accesible en remoto tanto para los trabajadores como para la Inspección de Trabajo y los representantes sindicales.
“Esto va a suponer un antes y un después en la lucha contra las horas extras no pagadas”, explica Rivas. “Muchas empresas han utilizado hasta ahora registros poco fiables o manipulables. La trazabilidad digital y el acceso remoto van a reforzar enormemente la posición del trabajador en cualquier conflicto”.
Aunque el real decreto aún está pendiente de informes técnicos, Trabajo insiste en que su aprobación es inminente.
Despido y riesgos laborales, en el punto de mira
El Ministerio también quiere reformar el régimen del despido improcedente, tras los reproches del Comité Europeo de Derechos Sociales, que considera insuficiente la indemnización española. La patronal ha abandonado esta negociación, pero Trabajo sigue adelante con los sindicatos.
Desde el punto de vista jurídico, Adrián Rivas lo considera inevitable: “España está obligada a adaptarse a la Carta Social Europea. El actual sistema de indemnización no disuade suficientemente del despido injustificado, y eso genera precariedad estructural”.
En paralelo, se impulsa una reforma profunda de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que incluirá la salud mental, los riesgos psicosociales, la perspectiva de género y el impacto de las nuevas tecnologías. “El estrés, el burnout o el acoso ya no pueden seguir siendo tratados como problemas secundarios”, apunta el letrado.
Transparencia salarial y fin del secreto
La última gran novedad llegará de la mano de la Ley de Transparencia Salarial, que debe estar en vigor antes del 7 de junio de 2026. Las empresas deberán informar sobre los criterios de retribución, los salarios medios por sexo y no podrán impedir que los trabajadores compartan su sueldo. Además, las ofertas de empleo tendrán que incluir el salario.
“Es una herramienta potentísima contra la brecha salarial y también contra la arbitrariedad empresarial”, concluye Rivas. “Por primera vez, muchos trabajadores podrán saber si están cobrando lo que realmente corresponde a su puesto”.
