El sindicato CCOO valora la medida del Gobierno como un reconocimiento de derechos y estima que podría beneficiar a unas 11.000 personas en el Principado.»Todos buscamos organizar nuestro proyecto de vida allí donde las condiciones sean mejores
Comisiones Obreras (CCOO) de Asturias ha hecho público este miércoles su respaldo a la regularización extraordinaria de personas migrantes anunciada por el Gobierno central, calificándola como un “ejercicio político de responsabilidad” y una medida orientada a garantizar derechos básicos y facilitar la integración social y laboral de este colectivo. Según el sindicato, la iniciativa podría afectar en Asturias a alrededor de 11.000 personas en situación administrativa irregular.
La responsable de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO Asturias, Ana Belén García, defendía así, en la jornada de ayer, que las políticas migratorias deben basarse en los derechos humanos y no en estrategias centradas en la expulsión. En su valoración, la regularización supone reconocer derechos, mejorar la inclusión social y favorecer la contribución fiscal y a la Seguridad Social de las personas migrantes, muchas de las cuales ya trabajan y residen en la comunidad autónoma en condiciones de precariedad: «Todos buscamos organizar nuestro proyecto de vida allí donde las condiciones sean mejores. Las personas migrantes no son ciudadanos de segunda, ya están trabajando y viviendo en Asturias, pero lo hacen en unas condiciones de precariedad y vulnerabilidad laboral y vital indignas».
El sindicato ha destacado que, solo en 2025, unas 5.300 personas extranjeras se incorporaron a la cotización en Asturias, alcanzando un total de 29.426 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, lo que representa un aumento del 21%. Para CCOO, estos datos reflejan tanto una mejora de los indicadores económicos y de empleo como la aportación demográfica y económica de la población migrante, aunque subraya que el objetivo principal de la regularización es garantizar derechos y dignificar las condiciones de vida.
Debate público y aclaraciones sobre el alcance de la medida
El anuncio de la regularización extraordinaria ha generado un intenso debate público y político, acompañado de desinformación en redes sociales. Cabe destacar que la medida permitirá residir y trabajar legalmente, así como acceder a derechos básicos como la sanidad, pero no implica la obtención de la nacionalidad española ni el derecho a voto en elecciones generales, que siguen estando vinculados a la ciudadanía española y a los requisitos legales de residencia prolongada.
La iniciativa, pactada entre el Gobierno y Podemos, podría beneficiar a más de medio millón de personas en todo el país que acrediten residencia previa en España y carezcan de antecedentes penales. Entre los requisitos figuran pruebas de estancia, como empadronamiento, contratos de alquiler o informes de servicios sociales.
