Las auxiliares que trabajan en el municipio denuncian incumplimientos continuos por parte de las empresas adjudicatarias y exigen al Gobierno local que recupere su compromiso de volver a convertir el SAD en un servicio municipal
Trabajadoras del SAD organizan concentraciones toda la semana frente al Ayuntamiento. 
Trabajadoras del SAD organizan concentraciones toda la semana frente al Ayuntamiento. 
Trabajadoras del SAD organizan concentraciones toda la semana frente al Ayuntamiento. 
Trabajadoras del SAD organizan concentraciones toda la semana frente al Ayuntamiento.
El grupo de 400 trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio (o SAD) de Gijón ha puesto pie en pared a los «30 años de agotamiento» por la privatización del servicio de atención en el hogar a familias y personas en situaciones de dificultad, riesgo, discapacidad o edades avanzadas. Al cansancio «físico y psicológico» que se deriva de su labor, denuncian un hartazgo a nivel personal ante los constantes cambios en las empresas adjudicatarias y la precariedad en sus condiciones laborales. «Es una degradación del servicio que sufrimos igualmente empleadas y usuarios», manifiesta Carmen Diego, presidenta de la Plataforma que las representa. En su opinión, aquellas personas que necesitan de este servicio de atención también terminan convirtiéndose en «víctimas de las políticas de empresa y de los incumplimientos en los pliegos».
Todos esos motivos han llevado a la plantilla del concejo a iniciar una sentada reivindicativa en la plaza Mayor con la que buscan exigir al Ejecutivo de Carmen Moriyón, Alcaldesa para la que guardan duras críticas por algunas de sus decisiones relativas al SAD en mandatos anteriores, a llevar a cabo una remunicipalización del servicio. Permanecen desde el lunes frente al edificio del Ayuntamiento haciendo labores de información y concienciación para los viandantes, además de recoger firmas de apoyo a la campaña.
La representante gijonesa aclara que no se puede definir la movilización como una «huelga», ya que las profesionales están teniendo que turnarse al entrar y salir de sus turnos en el trabajo para poder mantener la concentración hasta el domingo y tampoco tienen permitido acampar durante la noche. Durante el viernes y el sábado trasladarán de forma excepcional «las batas y los carteles» al paseo del Muro, ya que fuentes municipales les han advertido que no podían permanecer en la plaza por los preparativos de la Jura de Bandera civil que tendrá lugar el día 18 por la mañana.
«Cada empresa que llega nos quita los derechos y las condiciones que ya teníamos, te ves peleando todo el rato para que no te quiten lo que ya tienes «
Carmen sostiene que «cada empresa distinta que ha llegado» a lo largo de todos estos años, «nos quita los derechos laborales que ya teníamos» y por eso la plantilla está inmersa en una espiral en la que «te ves peleando continuamente por lo que ya tienes». Esa lucha termina judicializándose con bastante frecuencia; desde la plantilla hablan de «montañas de casos» que muchas veces se solapan y que ponen de manifiesto las malas condiciones a las que las adjudicatarias privadas buscan someterlas siempre.
Diego pone un ejemplo del empeoramiento en las condiciones de trabajadoras y usuarios con las «horas intermedias». En la actualidad hay tres empresas que gestionan la plantilla de Gijón, una decisión del Gobierno local que en su momento las auxiliares también consideraron «nefasta», ya que entorpece la organización de los comités de empresa al quedar «disgregados» y generó que «los sindicatos grandes se negaran a hacer elecciones». Y al diluirse la fuerza sindical, el tratamiento judicial de «conflictos colectivos» ha sido más complicado. El caso es que estas tres entidades «juegan» con esas franjas horarias en las que las trabajadoras, por cuestiones de agenda, tienen un hueco libre entre uno y otro servicio en diferentes domicilios.
Una de las empresas no contabiliza ese tiempo como cumplimiento de las horas de la jornada laboral y pide a sus empleadas que luego las compensen. En otro caso, otra de las tres entidades opta por reorganizar las citas de los usuarios para aglutinarlas al máximo posible «y que aún te queden luego horas que tú sigas debiendo a la empresa». A ello se suman otros incumplimientos contractuales: «nóminas mal pagadas; conceptos no remunerados, deudas de liquidaciones a compañeras más eventuales, impagos con la parcialidad…» Y un largo etcétera.
El informe que revocó la decisión de remunicipalizar el servicio «exigía más a una posible empresa pública que a una privada, de ahí que los costes fueran mayores para la primera y que las condiciones de las privadas no sean buenas»
Esas malas condiciones llevan a las empleadas gijonesas a poner el acento en una decisión tomada por la actual Regidora durante un mandato anterior. Diego lo define como «trampa», ya que después de que se hubiese aprobado en su día en el Pleno la remunicipalización del SAD, tiempo después Moriyón terminó declinando la medida apoyándose en un informe económico de 2017 elaborado por la Dirección General Económico-Financiera e Intervención que concluía la falta de viabilidad para el Ayuntamiento si el servicio pasaba a volverse municipal. En este punto entró en juego la economista y activista feminista María Pazos Morán, a la que las auxiliares de Gijón conocieron gracias a una investigación que realizó junto a otras especialistas sobre las Políticas Públicas en materia de cuidados y la creación de empleo. «Explicaban cómo la gestión de los distintos cuidados desde que naces hasta que mueres debe ser pública y decidimos ponernos en contacto con ella para pedirle ayuda sobre nuestro caso».
Las conclusiones de Pazos Morán al leer el informe del equipo local de Moriyón eran que hacía una comparativa en la que se exigía más a una posible empresa pública que a una privada, de ahí que los costes fueran mayores para la primera. Esto también evidenciaba lo que las trabajadoras denunciaban: si las exigencias son menores para las empresas, esto quiere decir que «el servicio que se solicita dar no es tan bueno ni tampoco las condiciones de sus empleados», añade Diego. Por ello persiguen lo que denuncian estos días a golpe de concentración en la plaza Mayor: que el Gobierno gijonés haga un estudio «leal a la realidad» para dirimir la posibilidad de remunicipalizar el SAD y que «no engañen a la gente con informes como el anterior».
