El Ejecutivo da su respaldo a la consejera Belarmina Díaz y, mientras la investigación sigue su curso, insiste en que la empresa Blue Solving superó todas las inspecciones, aunque confirma la apertura de un expediente por la entrada al pozo el mismo día de la explosión
La presión en torno al Gobierno autonómico para que esclarezca con rapidez y precisión todos los detalles que llevaron a la tragedia del pasado lunes en la mina de Cerredo, en Degaña, crece por momentos. Oposición política, fuerzas sindicales y la misma sociedad asturiana continúan su exigencia diaria de respuestas y rendición de cuentas por parte de los responsables, al tiempo que desde el flanco derecho del espectro ideológico representado en la Junta General del Principado crecen las acusaciones de falta de diligencia, tanto en la conducción de la investigación en curso, como en las medidas de prevención previas al accidente. Frente a semejante andanada, el Gobierno autonómico ha cerrado filas hoy en torno a la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, insistiendo en que el Ejecutivo llegará «hasta el final» en el esclarecimiento de los detalles, e insistiendo en un punto frecuentemente reiterado en la última semana: Blue Solving, la empresa para la que trabajan los cinco fallecidos y los cuatro heridos en la explosión, pasó hasta ocho inspecciones desde 2022, sin que en ninguna de ellas se detectase irregularidad alguna en los trabajos que realizaba en la tercera planta subterránea del complejo minero.
De todo ello daba cuenta esta mañana Guillermo Peláez, portavoz del Principado, al término de la sesión del Consejo de Gobierno. Un Gobierno, ha sentenciado, que «está absolutamente unido en una idea: esclarecer los hechos en los que se produjo ese trágico accidente y, por tanto, esclarecer las circunstancias en las que Blue Solving llevaba a cabo esa actividad». Una responsabilidad en la que, asegura, todos los actores de la Administración implicados están actuando con «total transparencia«, con la mirada puesta en averiguar si la compañía minera en cuestión, que tiene en el empresario Adrián Rodríguez Rodríguez a su único socio, «estaba cumpliendo con todas y cada una de las condiciones de seguridad laboral». Y, por el momento, abundan las dudas en torno a ese aspecto… Sin ir más lejos, el pasado viernes trascendía la existencia de una denuncia formal presentada ante la Fiscalía del Principado por la empresa Promining, SA, según la cual Blue Mining no sólo habría estado desarrollando labores extractivas en la planta tercera -algo para lo que carecía de licencia-, sino que, además, habría renegado de habilitar las más mínimas medidas de seguridad y ventilación, en incluso habría perpetrado una suerte de estafa a ArcelorMittal, proporcionándole a la siderúrgica cierto carbón que, pese a afirmar que procedía del pozo de Tormaleo, realmente habría sido obtenido ilegalmente en la mina de Cerredo.
De hecho, desde el mismo Gobierno se ha adelantado hoy el hallazgo, en el marco de la investigación, de «alguna irregularidad» el mismo día del accidente, si bien Peláez no ha querido profundizar en los detalles. Sólo ha compartido con los periodistas que se ha abierto un expediente sancionador al respecto aunque, por el momento, lo que lo alimenta es «meramente indiciario«. Y sí ha zanjado un punto reclamado largamente por los sindicatos desde el día de la tragedia: finalmente, el Ejecutivo autonómico sí se personará en la causa penal por los cinco trabajadores fallecidos. No en vano, conviene recordar que, en el momento del estallido de la bolsa de grisú, la cuadrilla de once profesionales que se encontraban en Cerredo sólo contaba con permiso para investigar la presencia de materiales útiles en la producción de grafito a partir de toda la chatarra que se sacase de las galerías de la tercera planta, y nunca valiéndose de la extracción directa de mineral. He ahí el punto que más dudas suscita a los investigadores, junto con las afirmaciones, recogidas en la denuncia de Promining, que algunos de los afectados llegaron a padecer mareos por la inadecuada ventilación, e incluso, el mismo día del accidente, dos de los supervivientes se negaron categóricamente a descender a la mina.
En cualquier caso, la indignación continúa en carne viva entre la sociedad asturiana, tal como se pudo constatar el sábado, en El Molinón, donde instantes antes del inicio del partido entre el Real Sporting de Gijón y el Club Deportivo Tenerife, el Coro Minero de Turón entonó el ‘Santa Bárbara Bendita’ en homenaje a los cinco muertos, poniendo en pie a la totalidad de la grada y desatando lágrimas por doquier. Es más, también esta mañana se ha referido al suceso el presidente del Principado, Adrián Barbón, presente en el acto de apertura del 14º Congreso de Comisiones Obreras (CCOO) de Asturias que se desarrolla en el Recinto Ferial ‘Luis Adaro’, afirmando que «ir a trabajar jamás puede costar la vida; es hora de que la justicia mande«. Por su parte, Unai Sordo, secretario general nacional de CCOO, ha puesto el foco en el incremento de la siniestralidad laboral que se ha dado en el último año, con un aumento del 10%, lo que constituye una «lacra oculta» para España que se cobra «entre 800 y 900 vidas» anualmente. En consecuencia, no ha dudado en techar de «absolutamente necesario» que se esclarezcan a la mayor brevedad las razones de siniestro de Degaña, y ha llamado a que la sociedad española en pleno «tome conciencia» de la urgencia que el problema en cuestión requiere.
