El Gobierno asturiano da de plazo hasta el 31 de marzo a Aucalsa para justificar el cobro íntegro en la AP-66 tras el argayo de 2024
El Gobierno del Principado de Asturias ha dado un paso más en la polémica por el peaje del Huerna al requerir formalmente a la concesionaria Aucalsa explicaciones por el cobro íntegro de la autopista AP-66 pese a las condiciones derivadas de las obras tras el argayo registrado en noviembre de 2024. La medida ha sido impulsada por la Dirección General de Consumo, que considera “vergonzosa” la situación actual, en la que los usuarios continúan abonando la tarifa completa -16,20 euros en algunos trayectos- a pesar de las limitaciones en la vía.
Según los datos facilitados por el Ejecutivo autonómico, desde el desprendimiento han circulado por la infraestructura alrededor de 1,8 millones de vehículos, lo que ha generado una recaudación estimada de entre 28 y 29,6 millones de euros. El consejero de Ordenación de Territorio, Ovidio Zapico, ha sido contundente al valorar la situación: “Lo que está pasando es vergonzoso. Es de sentido común sentirse violentado al pagar el peaje en su integridad estando así la carretera”. Zapico ha insistido en que el Gobierno autonómico actúa en respuesta al malestar social y a las reclamaciones recibidas, entre ellas las de particulares y la presentada por la Unión de Consumidores de Asturias.
Inspecciones y antecedentes judiciales
Antes de emitir el requerimiento, el Servicio de Inspección de Consumo realizó varios recorridos completos entre Campomanes y La Magdalena, en ambos sentidos, para evaluar el estado de la vía durante las obras. El Ejecutivo asturiano sostiene que existen precedentes jurídicos que podrían respaldar su postura. En este sentido, Zapico ha recordado una sentencia del Tribunal Supremo relacionada con una situación similar en Vigo, donde se consideró improcedente el cobro íntegro del peaje durante obras que afectaban al servicio. No obstante, el consejero ha evitado adelantar posibles acciones: “No queremos anticipar nada y esperaremos a conocer la respuesta de la empresa”.
El requerimiento obliga a Aucalsa a detallar las razones por las que no se ha reducido el precio del peaje pese a las afecciones en la autopista, así como las previsiones sobre la situación. La viceconsejera de Derechos Sociales, Beatriz González, ha explicado que se busca aclarar “la motivación para no minorar la cantidad que está cobrando a los usuarios”. Por su parte, el director general de Consumo, Faustino Zapico, ha señalado que el requerimiento responde a una realidad “que todo el mundo conoce” y que ahora debe ser justificada formalmente por la concesionaria.
Aucalsa dispone de plazo hasta el 31 de marzo para responder. A partir de ese momento, y en función del contenido de la respuesta, el Principado decidirá los siguientes pasos dentro de las vías administrativas o legales correspondientes.
