Reclaman la modificación de la Ley de Empleo para crear un cuerpo de intervención socioeducativa abierto a todas las titulaciones
Representantes de los comités de empresa de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar Social y de Hacienda, que representa a los educadores del centro de responsabilidad penal de Sograndio así como trabajadores educadores de ambas consejerías, se manifestaron esta mañana frente a la sede de la Presidencia del Principado en Oviedo para reclamar la paralización del actual proceso de funcionarización puesto en marcha por el Principado y entablar una negociación al respecto. Este colectivo reclama al Gobierno que se adopte una postura integradora para que los actuales trabajadores fijos no queden en una categoría a extinguir y se les ofrezca la posibilidad de funcionarizar. Al mismo tiempo, piden la modificación de la Ley de Empleo Público para incluir un cuerpo integrador especializado y multidisciplinar.
Elida Vázquez, presidenta del comité de empresa de Derechos Sociales, explica a miOviedo que representan al personal educativo, tanto educadores como auxiliares de educadores, en atención a menores en el sistema de protección y en el de responsabilidad penal. Tanto Vázquez como Aída Rodrigo, responsable del comité de empresa de Hacienda, señalaron que el proceso de funcionarización de plazas de personal laboral de distintas categorías puesto en marcha por el Principado genera un problema para este colectivo al exigirse la titulación única de diplomatura o grado en Educación Social para la categoría de educadores. Dichos estudios solo pueden cursarse de manera presencial en Asturias en una universidad privada.
Hasta ahora, para realizar estas funciones, podía acreditarse una titulación de grado medio, y la mayoría de los trabajadores acreditaban estudios en Magisterio, Psicología, Psicopedagogía o un grado en titulaciones de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas e incluso en Ciencias de la Salud. En este sentido, destacan que la profesión de educador social es una profesión no regulada y que existen sentencias que indican que no es necesario tener esa titulación para ejercer de educador social y que puede hacerse teniendo otras titulaciones. El personal fijo que no tenga la titulación de educador social pasará a integrarse en una categoría a extinguir, lo que perjudicará la movilidad y la promoción interna.
Además, el personal temporal que esté en las bolsas de trabajo no tendrá opción a funcionarizar, salvo que tenga dichos estudios. Por todo ello, los comités de empresa y este colectivo solicitan que se modifique la Ley de Empleo Público para incluir un cuerpo integrador especializado y multidisciplinar, es decir, con la escala de educadores a la que puedan optar las diferentes titulaciones, como venían haciendo hasta ahora. Además, solicitan que este cuerpo integre tanto auxiliares de educadores como educadores dentro de un mismo área funcional y que sea posible la funcionalización de ambos cuerpos. El colectivo ha solicitado a los grupos representados en el Parlamento regional que presenten una proposición no de ley instando al Gobierno regional a modificar la Ley de Empleo Público para crear un cuerpo y, además, la categoría de un cuerpo de intervención socioeducativa que integre todas las titulaciones. Ante esta situación, y fruto de las conversaciones de un grupo de WhatsApp formado por 400 personas de este colectivo, han publicado el libro titulado “Nuestras historias de vida”, con relatos personales del trabajo que desempeñan.
