El sector alerta sobre posibles efectos negativos en el empleo y la economía regional y solicita seguridad jurídica y estabilidad normativa
La Asociación CASOCIA, que agrupa a los principales empresarios del sector de viviendas de uso turístico (VUT) en Asturias, se ha reunido este lunes con representantes del sector para abordar las preocupaciones sobre el borrador de decreto presentado por el Gobierno regional. Los empresarios señalan posibles efectos negativos sobre el empleo y la economía local y manifiesta su malestar por la falta de consulta previa. El sector de las VUT en Asturias genera un impacto económico anual superior a 120 millones de euros, con más de 400 empleos directos y más de 500 indirectos, según datos del INE y Hacienda presentados por la asociación. Entre otros, los sectores beneficiados incluyen gestión, limpieza, mantenimiento, jardinería, lavanderías, reformas, muebles y seguros. En 2024, se proyecta que 442.405 turistas se alojarán en 7.036 VUT registradas, generando 3.172.472 pernoctaciones y una recaudación aproximada de 19 millones de euros vía IRPF y sociedades.
Durante la reunión, los empresarios han expresado su preocupación por la presentación del borrador en plena temporada alta, lo que limita la posibilidad de revisión y alegaciones. Por ello, CASOCIA solicitará formalmente un aplazamiento del plazo de alegaciones públicas, argumentando que muchas empresas están de vacaciones o con cargas operativas elevadas. Entre las demandas del sector se incluyen seguridad jurídica, estabilidad normativa, eliminación de medidas calificadas de desproporcionadas, retirada de la retroactividad y garantía de transmisión de licencias en casos de ventas o herencias.
Novedades que introduciría el decreto
Por su parte, el Gobierno de Asturias defiende el decreto como un paso más en la ordenación de los alojamientos turísticos, tras la reforma de la Ley 7/2001 de Turismo, vigente desde noviembre de 2024. La normativa busca, para el Principado, garantizar la convivencia, la calidad y la sostenibilidad, reducir el impacto sobre la vivienda residencial y reforzar las funciones de los ayuntamientos mediante convenios de colaboración y formación técnica.
Entre las novedades destacan la obligación de contar con un certificado de acuerdo de la comunidad de propietarios, publicitar las VUT con número de registro, cumplir requisitos técnicos equiparables a hoteles o apartamentos turísticos, establecer límites de ocupación y superficies mínimas, y ofrecer servicios de mantenimiento, limpieza y reparaciones. Asimismo, se endurecen las sanciones contra alojamientos ilegales, con suspensión de la actividad turística de seis meses a cuatro años según la gravedad de la infracción.
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