Quince formaciones extraparlamentarias reclaman una presencia en los medios «igualitaria, proporcional y compensatoria con el esfuerzo realizado» durante la actual campaña
Fuerza Cívica, Por un Mundo Más Justo, Coalición de Centro Democrático, Por Mi Región… Para el grueso de los electores de este país, inmersos desde la pasada medianoche en la vorágine de la campaña electoral recién estrenada, es muy probable que sea poco lo que esos nombres les digan, eclipsados por siglas mucho más conocidas, como PSOE, PP o Vox. Y precisamente esa guerra, la de una visibilización equitativa, es la que quince partidos extraparlamentarios se han propuesto librar, coaligándose en la plataforma ‘El derecho a conocer de la ciudadanía’. Una iniciativa que esta mañana ha salido a la calle en catorce ciudades españolas, Oviedo incluida, para reclamar una mayor presencia en los medios de comunicación.
Su reivindicación, recogida en un manifiesto que se ha leído en los escenarios de las movilizaciones, se basa en que dichos medios ofrezcan «un trato democrático para todas las candidaturas, tanto en la cobertura, como en los debates y entrevistas». Las formaciones firmantes, que suponen casi el 60% del total de candidaturas extraparlamentarias del país, representan ideologías y posturas eclécticas y dispares, aunque aseguran a una, amparándose en la legislación, que «no es la ciudadanía quien debe buscar la información de todas las candidaturas por sus propios medios, sino que son los medios públicos quienes deben proporcionársela». Así las cosas, argumentan que, si el acceso a los programas electorales se ve limitado, «se impide conocer en iguales circunstancias que al resto y se recorta el legítimo derecho de la ciudadanía a la información».
Por consiguiente, reclaman que la igualdad no consista en tratar a todas las candidaturas por igual, sino en tratar a cada cual en atención a las circunstancias y de forma proporcional. «No disponer de una distribución del tiempo igualitaria, proporcional y compensatoria con el esfuerzo realizado, en los medios de comunicación, supone una vulneración de derechos» han concluido.
