La Asociación de Alojamientos de Corta Estancia de Asturias (CASOCIA) se adelantó al resultado del Consejo de Gobierno con un comunicado en el que criticaba al Ejecutivo por mantener «sin cambios el borrador del decreto de viviendas turísticas pese al gran número de alegaciones presentadas»
Mientras se celebraba en Presidencia esta mañana la reunión del Consejo de Gobierno, la Asociación de Alojamientos de Corta Estancia de Asturias (CASOCIA) hacía público un comunicado en el que lamentaba que «el Gobierno de Asturias mantenga sin cambios el borrador del decreto de viviendas turísticas pese al gran número de alegaciones presentadas». «El texto llega a esta fase con un respaldo muy limitado por parte del sector afectado y manteniendo, a juicio de esta asociación, importantes problemas técnicos y jurídicos que ya fueron advertidos durante el proceso de alegaciones. Pese a ello, dichas aportaciones no han sido tenidas en cuenta de forma efectiva», criticaban al tiempo que anunciaban que «si el decreto es finalmente aprobado en los términos actuales y sin corregir los problemas señalados, CASOCIA no tendrá más remedio que continuar defendiendo los derechos del sector por las vías legales oportunas, incluida la judicial».
Finalmente, los augurios de los propietarios se cumplieron y, a la salida de la reunión, el Ejecutivo anuncia la aprobación del decreto que regula las viviendas vacacionales y de uso turístico, por lo que el asunto llegará a los tribunales. «El objetivo de CASOCIA no es la confrontación, sino la defensa de la seguridad jurídica, la coherencia normativa y el respeto a una actividad legal que forma parte del tejido económico y social de Asturias», quieren puntualizar al respecto. Y es que esta asociación considera que el decreto que regula las viviendas de uso turístico (VUT) «presenta serias dificultades tanto en su aplicación práctica como en su encaje jurídico: introduce obligaciones impropias de una vivienda, incorpora medidas con efectos retroactivos sobre licencias ya concedidas y no diferencia entre realidades territoriales claramente distintas, como las zonas urbanas, rurales o los distintos niveles de densidad de población. Todo ello genera un escenario de inseguridad jurídica que afecta a propietarios, profesionales y empresas que desarrollan su actividad de forma legal».
El decreto aprobado esta mañana, que será publicado mañana en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) y entrará en vigor 20 días después, tiene, según apunta el Gobierno, el objetivo de «aumentar la calidad de la oferta, facilitar la convivencia entre visitantes y población y combatir prácticas ilegales». La necesidad de recepción de los huéspedes, sin la posibilidad de poner dispositivos en la vía pública en los que recoger las llaves; el tope de 8 plazas; o un sistema de monitorización de ruido, son algunas de las exigencias que se recogen.
Afectadas «30.000 personas en Asturias»
«A pesar de que desde la Administración se ha hablado de diálogo, el sector que gestiona y conoce el funcionamiento diario de este tipo de alojamientos no se siente representado ni escuchado en el contenido final del texto», apuntan, para después afirmar que «los datos oficiales muestran que el sector de las viviendas de uso turístico se encuentra estancado, con un número muy reducido de nuevas altas en los últimos meses, precisamente como consecuencia de la inseguridad jurídica generada por el propio proceso regulatorio». Esta situación afectaría «de forma directa e indirecta a más de 30.000 personas en Asturias, entre propietarios, trabajadores, autónomos y empresas vinculadas a la gestión, mantenimiento y servicios asociados a las viviendas de uso turístico”.
Por último, CASOCIA considera «preocupante que se esté focalizando el debate público en un sector concreto, mientras no se abordan con la misma intensidad otras cuestiones estructurales relacionadas con la vivienda, como determinadas operaciones urbanísticas que suponen la pérdida definitiva de uso residencial en los centros de las ciudades».
