El funcionario Javier Álvarez Villa expone algunas de las debilidades y carencias de una normativa que pretende imponer lo que él denomina «urbanismo a la carta»
El gobierno asturiano aprobó a finales del pasado mes de mayo el proyecto de Ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional (PIER), una normativa que ahora se está tramitando en el parlamento. Para la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, “se trata de un paso más en lo que hemos dado en la guerra a la burocracia”. Esta normativa, para la que los grupos parlamentarios han presentado varias enmiendas esta semana, plantea aligerar los trámites administrativos para facilitar la implantación de aquellos proyectos económicos que contemplen una inversión mínima de 30 millones o la creación de 100 empleos estables y de calidad a jornada completa en un plazo inferior a dos años, o 15 millones de inversión y 50 empleos en municipios en riesgo de despoblación o en crisis demográfica.
Hace unas semanas, Javier Álvarez Villa, Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores del Principado de Asturias, intervino en la Junta General del Principado para señalar las que, a su juicio, son las principales debilidades y amenazas de este proyecto legislativo. “Responde al concepto de urbanismo a la carta”, explica Álvarez Villa a miGijón, “pretendiendo dar respuesta a peticiones individuales o la presión que puedan hacer determinados sectores y promotores. Va en contra de la ordenación racional y planificada del territorio, con garantías jurídicas y participación ciudadana”.
Aunque Álvarez Villa ve aspectos positivos en esta legislación-“está bien que se reduzcan a la mitad los plazos administrativos para proyectos que van a traer empleo e inversión”-, señala como su principal defecto “el cariz claramente antidemocrático de la normativa, que prescinde de la participación ciudadana por una decisión del consejo de gobierno del Principado”.
“Uno de los cambios sustanciales”, explica el jurista, “tiene que ver con la legislación urbanística en cuanto al modo de ejecutar un proyecto que los planes de urbanismo municipales, e incluso los de ámbito autonómico, como los de protección del litoral asturiano, prohíben. Esta ley va a posibilitar que, si un acuerdo del consejo de gobierno del Principado declara PIER a un proyecto, este se pueda ejecutar aunque el planteamiento urbanístico lo prohíba. Es decir, un acuerdo del gobierno va a permitir saltarse las normas de ordenación del territorio que aprueba el Principado de Asturias”.
“Con la normativa en vigor”, prosigue, “habría que modificar el plan, y eso implica abrir un procedimiento de información pública para que la ciudadanía pueda opinar sobre esa nueva ordenación urbanística. Ahora se renuncia a todo eso, y basta un acuerdo del consejo de gobierno que, tal y como está redactada la ley, tendría un margen de discrecionalidad bastante grande para decidir qué es PIER y qué no lo es. Cualquier cosa podría serlo: desde un centro comercial a un parque eólico, una industria contaminante en suelo de costas o proyectos mineros”.
Muchas otras comunidades autónomas cuentan con legislaciones semejantes para aprobar proyectos estratégicos por la vía rápida. La diferencia, según Álvarez Villa, es que “algunas son más garantistas que la asturiana en el trámite de la información pública, como es el caso de Baleares, Andalucía o Galicia. En esos casos, cuando el uso del suelo que se quiere aprobar va en contra del planteamiento municipal hay que darle la palabra a la ciudadanía abriendo un trámite de información pública”. Y eso, sostiene, “es compatible con agilizar la tramitación de los procesos, pero no hay voluntad política de escuchar a la ciudadanía”.
Por último, señala que “la ley no establece ningún régimen sancionador si la empresa no cumple y, en vez de 100 puestos de trabajo, crea 60. No tendría ninguna consecuencia para la empresa, salvo si incumple el 50% de los requisitos. Si incumple el 49%, no pasa nada. Parece que hay una incitación al fraude y, con la experiencia que tuvimos de los fondos mineros, cuando hubo empresas que recibieron mucho dinero, se comprometieron a crear empleo y luego desaparecieron dejando a la gente en la calle, habría que intentar curarse en salud”.
