Las secciones sindicales de EMTUSA, EMULSA y la EMA claman por un modelo de gestión que «priorice a las personas, refuerce lo público y respete a las plantillas», y denuncia la mala gestión demostrada por el Ayuntamiento
La intención del Gobierno gijonés de aprovechar los remanentes acumulados en las empresas bajo su control para compensar los efectos de la deuda general contraída por el Ayuntamiento se ha topado con nuevos rivales, aparte del grueso de los partidos en la oposición… Las secciones sindicales en la Empresa Municipal de Aguas (EMA) de UGT y LCT; de la de Transporte Urbano (EMTUSA) de UGT, USIPA y CSI, y de la de Servicios de Medio Ambiente (EMULSA) de UGT, CSI Y CT y CSI, han cerrado filas este jueves contra dicha voluntad del Consistorio, que afectaría tanto a las tres anteriores, como a la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Y es que semejante estrategia constituye, a juicio de las entidades sindicales anteriores, una descapitalización «injustificable» de los organismos afectados, que prestan servicios públicos esenciales «y que ya arrastran importantes déficits estructurales».
«Nos parece inaceptable que el Ayuntamiento decida desviar más de doce millones de euros del superávit acumulado por los organismos autónomos para amortizar deuda bancaria, en lugar de invertir esos fondos en mejorar los servicios, reforzar las plantillas y atender a las necesidades reales de la población», han criticado los representantes de los sindicatos en cuestión. El asunto se torna especialmente sangrante si se pone el foco en Servicios Sociales; y es que, prosiguen los protagonistas del comunicado conjunto, «no es asumible» que dicha Fundación «disponga de un remanente de doce millones de euros mientras cientos de gijoneses siguen esperando ayudas básicas para vivir con dignidad, estando en riesgo de exclusión social o sin proyectos destinados a frenar la pobreza en la ciudad».
Al margen de la crítica propiamente dicha, y dando el salto al terreno de lo constructivo, las secciones sindicales solicitan al Ayuntamiento un modelo de gestión pública que priorice a las personas, que refuerce los servicios públicos y que respete a las plantillas que los sostienen. Al tiempo, consideran que el que se utilicen los remanentes de las empresas municipales para «tapar agujeros contables generados por una pésima gestión es una decisión política grave, que compromete el futuro de lo público». Y concluyen advirtiendo de que esta política pone en riesgo las empresas municipales, como ya ejemplificó en su momento el crédito que tuvo que pedir EMTUSA, y no el Ayuntamiento, para paliar sus problemas de financiación.
