Manual para eliminar la propaganda franquista del Simancas

Historiadores y especialistas aportan soluciones para la retirada y neutralización del homenaje a los golpistas en Gijón: llevarlo a un museo, una intervención artística o la demolición

El debate político procura alterar el significado de monumento para legitimarlo como “legado patrimonial” o, en el peor de los casos, “legado histórico”. Sin embargo, el monumento no es historia, es propaganda y apenas puede ser una mera ilustración del poderoso. Un monumento es un acto reflejo del poder, que si se impone sin preguntar a la ciudadanía, es destruido sin pedir permiso. Las estatuas pasan por ser referentes respetables, pero lo primero que atacan es la verdad y, por tanto, a la historia. A diferencia de otros símbolos nacionales, los monumentos son incapaces de representar más allá de sus intereses. Y, desde el momento de su implantación, son máquinas de exclusión abocadas al fracaso. A su expulsión de la vía pública. 

En España los representantes de la mayoría de los ciudadanos han aprobado dos leyes, en 2007 y en 2022, que determinan qué hacer con los homenajes del pasado, que celebran un levantamiento contra la democracia. Gracias a estas dos normas, además de la Ley de Memoria Histórica de Asturias, de 2019, no existen escenas de destrucción ciudadana como las sucedidas en las antiguas fronteras de la Unión Soviética. En Ucrania, a la oleada que derribó sus últimos monumentos a Lenin en 2014 -y que acabó en un mes con 376 estatuas- la llamaron “Leninfall” y estuvo abanderada por Svodoba, el partido de extrema derecha que se apropió del malestar contra el presidente Yanukovych. En 2015, logró que se aprobaran las primeras leyes de “descomunización” y las acciones violentas contra la estatuaria quedaron exoneradas de toda pena. 

En los procesos de democratización de las calles, el poder privilegiado que impuso sus imágenes se resiste a entregar el control de la patria, de la historia, de su patrimonio y de sus símbolos. El secretario general del PP en Gijón, David Cuesta, publicó su opinión en La Nueva España, donde aseguraba que “la historia ni puede ni debe ser reinterpretada” para defender la presencia en la calle del homenaje monumetal a los golpistas de 1936, que se sublevaron en el cuartel de Simancas y fueron derrotados por las fuerzas democráticas. El monumento, levantado en 1958 para celebrar la gloria de los soldados franquistas más de dos décadas después de los hechos, no presenta ningún hecho histórico, sino una reinterpretación interesada de estos. El propósito del homenaje al Simancas es, precisamente, debilitar la historia.

La política y la historia

Después de que MIGIJÓN adelantó que el Principado de Asturias iniciaba por segunda vez el procedimiento de su retirada de la vía pública, el Ayuntamiento de la ciudad mostró su divisón. Jesús Martínez (Foro), confundiendo propaganda con historia, defendió que “la historia no se elimina, hay que contarla y hay que estudiarla”. Por su parte, Vox amenazó con volverlo “a poner en su sitio” si el Gobierno se atrevía a tocarlo. Entonces llegó el PP: “La obra cuenta con un indiscutible valor patrimonial que no puede ser cuestionado por razones ideológicas”. Ese incuestionable valor fue desmentido por los técnicos de la Comisión de Patrimonio de la Consejería de Cultura.

Entonces, si la ley nacional y asturiana exigen la retirada de la vía pública, ¿por qué en el Consejo de Memoria Democrática del Principado de Asturias está dividido ante su eliminación? En su primera recunión, celebrada el pasado mes de diciembre, y aunque no estaba en el orden del día, Concha Paredes, directora del Archivo Histórico de Asturias, y Carmen García, representante de la Universidad de Oviedo y profesora del Área de Historia Contemporánea, mostraron ante el resto de componentes de la mesa su oposición a que el monumento fuera retirado. Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con la directora del Archivo, pero no ha podido recabar su opinión. 

“Surgió un debate que no venía a cuento, pero surgió porque el debate está latente. Estas personas no eran partidarias de la retirada, sino de la resignificación. Pero no aclararon cómo hacerlo. Es evidente que poner una placa junto a ese monumento no es resignificar. Desde FAMYR intervinimos para cuestionar que esas apreciaciones, extemporáneas, no procedían porque desnaturalizaban la función del Consejo, que es asesorar al Principado en materia de Memoria Democrática y no reformular la Ley”, indica a este periódico Rafael Velasco, de la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR). 

La Ley no es opcional

Esta disparidad de posturas frente al monumento franquista del Simancas surge a pesar de que las leyes sean muy claras al respecto. El historiador Javier Rodrigo, uno de los mayores especialistas en la investigación de las políticas de represión franquistas y autor de La guerra degenerada. Violencia y resistencias en la España de posguerra (Pasado&Presente), indica a este periódico que es partidario de “cumplir la legislación, cuya aplicación no es opcional”. 

“Si el monumento de Gijón la incumple, debe retirarse. Si tiene un valor artístico reconocible, a mi juicio puede reubicarse en un espacio museístico donde pueda incorporarse en una narrativa histórica que ayude a comprenderlo. Si no, su espacio natural puede ser el que cualquier Ayuntamiento dispone para las piezas retiradas de la vía pública. Por supuesto que no existe la resignificación, pero sí que existe la posibilidad de añadir significación. Una placa no sirve para nada”, explica Javier Rodrigo. Indica que la actuación debe ser integral para lograr superponer la capa narrativa al monumento.

Esta misma línea de actuación plantea Alfredo González Ruibal, arqueólogo del CSIC y Premio Nacional de Ensayo 2024 por el libro Tierra arrasada: un viaje por la violencia del Paleolítico al siglo XXI (Crítica). Aclara que los monumentos son un discurso, “una forma voluntaria de contar un evento, una visión del presente sobre hechos históricos”. Para González Ruibal la retirada de esta propaganda trata de acabar con las funciones ideológicas de los monumentos franquistas, “que siguen movilizando con fines antidemocráticos”. “Todavía difunden un mensaje franquista, no pueden estar en un espacio público. Si son monumentos que legitiman la opresión, no pueden convivir con nosotros”, añade. 

Los cartelitos no sirven

González Ruibal, como Javier Rodrigo, propone una nueva vida en un museo, donde los historiadores contextualizan y neutralizan la propaganda que está activa en la calle. “La resignificación no existe. Un cartelito junto al monumento no sirve para nada, porque es mucho más potente la escultura que la placa explicativa. No se puede resignificar un monumento fascista, pero sí se puede recontextualizar. Me encantaría ver un museo lleno de estatuas de Franco y bien contextualizadas por la historia”, sostiene González Ruibal.

También pedimos la opinión de Clemente Bernad, fotógrafo y documentalista especializado en lo que él ha denominado “lugares de humillación”, como el Simancas. En 2019, un juzgado de Pamplona lo condenó a un año de prisión y a una multa de 2.880 euros por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, al documentar en 2016, con una microcámara y un micrófono ocultos, las misas franquistas que la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Santa Cruz todavía celebra en la cripta del Monumento a los Caídos de Pamplona, de 1942. El Ayuntamiento regido por Joseba Asiron (EH Bildu) se niega a acabar con el mayor edificio franquista en un entorno urbano y prefiere resignificarlo. “Yo soy demolicionista”, aclara Bernad por teléfono. “El caso de Pamplona es un gran elemento contrario a la memoria. Es un lugar de humillación total a la sociedad democrática, como el monumento de Simancas”, explica.

Bernad es autor del libro Alfabeto de lo atroz (Alkibla), un recorrido por los monumentos insoportables del franquismo que siguen en pie. En este ensayo recuerda lo que la sociedad española ha permitido con el silencio, por eso es un mapa de la vergüenza, que recuerda todo lo que no se ha hecho en estas décadas de celebracón democrática. Por eso cree que las placas junto a un conjunto monumental no sirven para hacer justicia: “Además, las placas son muy vulnerables, porque las pueden quitar los de Vox”. 

Por último, Germán Labrador, investigador y profesor de historia cultural, comisario de la exposición, en 2023, El tragaluz democrático. Políticas de vida y muerte en el Estado español (1868-1975) es partidario de una “conservación dialéctica”. No cree que la retirada de la calle solucione el problema porque “borras la marca de la dictadura”. También aclara que resignificar no es poner una placa: “Hay que cambiar el significado del monumento y para ello hay que cambiar su forma. Intervenir sobre las formas con creatividad. Requiere un nivel de atrevimiento político, que hasta el momento solo se ha gestionado con cobardía. Usar el monumento franquista como soporte para un monumento democratico y transformarlo requiere de valentía. Hay conciencia de que hay que hacer cosas, pero falta cultura democráticatica y fuerza a la hora de intervenir. Da miedo hacer algo”, detalla. 

Labrador da dos nombres de artistas que se han atrevido a intervenir sobre la realidad franquista: Fernando Sánchez Castillo y Eugenio Merino. Quizá el escarnio de la libertad de creación sobre el Simancas sea la operación que más dolería a quienes se niegan a la retirada del homenaje franquista.