El Gobierno aprueba conceder la subvención para sufragar la intervención, dividida en dos anualidades y con opción a que hasta 321.000 euros puedan financiarse por los PRTR, en concepto de vulnerabilidad; también da luz verde a la determinación de la vulnerabilidad entre los habitantes del poblado de Inuesa
La historia de las actuaciones en los barrios degradados de Gijón, aunque nacida de la necesidad, ha quedado grabada en la memoria colectiva de la ciudad por los múltiples problemas, retrasos y promesas incumplidas que la han jalonado… Todo ello iluminado, eso sí, por algún que otro destello de felicidad. Y, aunque es pronto para afirmarlo categóricamente, todo indica que este martes se ha producido uno de ellos. En su penúltima sesión de este año, la Junta de Gobierno Local ha aprobado conceder la subvención para la realización de los trabajos de adecuación en la Obra Sindical de Contrueces, por un total de 4.108.927,28 euros a dividir en dos anualidades, y con la posibilidad de que hasta 321.000 de esos euros puedan ser financiados con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en concepto de vulnerabilidad. Ese último punto, sin embargo, aún está pendiente de ser evaluado… Aunque no así en el caso de las fases tres y cuatro de mejora del poblado de Inuesa, en Tremañes, para el que la Junta sí que ha autorizado el inicio del procedimiento de determinación de esa misma vulnerabilidad, sobre una subvención que alcanzó en su día los 2.473.000 euros.
Por lo que respecta a la Sindical, las anualidades serán de 2.744.474,06 euros a cargo de las cuentas de este año que está a punto de acabar, y de los restantes 1.364.453,22 euros, para las del inminente 2026. Todo ello, a la espera de que en los primeros meses del año próximo se pueda determinar la vulnerabilidad de los vecinos de Contrueces. En base a esto, el director general de Alcaldía y Proyectos de Ciudad, Jaime Fernández-Paíno, detalló esta mañana, al término de la sesión de la Junta, que «se imputará parte de los fondos de la subvención a los PRTR, lo que tiene consecuencias fiscales, dado que los fondos europeos no tributan en la declaración del IRPF», a diferencia de lo que sucede con la subvención municipal. Dicho de otro modo, al haber aprobado esas dos anualidades, pero no la vulnerabilidad, «es posible amortiguar ese impacto fiscal que va a tener la subvención en el ejercicio 2026». Esos mismos ciudadanos del barrio tendrán la posibilidad, pues, de no tributar esa parte de la subvención.
Avanza así, pues, un proceso farragoso y dilatado en el tiempo, que Fernández-Paíno no ha dudado en describir como «de una complejidad jurídica elevada, que ha requerido un gran esfuerzo por parte de los técnicos de Intervención, Secretaría General, departamento de Fondos Europeos y los dos servicios de la Concejalía de Urbanismo». Y es que adaptar los requisitos técnicos de la financiación europea a las convocatorias de subvenciones que el Ayuntamiento lleva lanzado desde 2012 es arduo, lento y no siempre exitoso, razón por la que, detallan desde el Ejecutivo gijonés, ciertos plazos se han demorado tanto.
