Un Juzgado de Madrid desestima la demanda por vulneración del derecho al honor e impone las costas a la comisaria, ahora en la cúpula policial
Todo comenzó en 2022 cuando el sindicato policial JUPOL, cuyo delegado en Gijón era el inspector Jorge Miguel Rodríguez, presentó varios escritos en el que solicitaba ciertas aclaraciones sobre el nombramiento de un nuevo jefe en la comisaría de la Policía Nacional en Langreo al entender que el procedimiento no había sido lo suficientemente transparente.
En febrero de ese año la jefa superior de Asturias, Luisa María Benvenuty Cabral, incoó un expediente disciplinario contra el inspector por entender que se había excedido en uno de sus escritos, faltándole al respeto personalmente. El director general de la Policía Nacional le impuso una sanción de 20 días sin empleo y sueldo, que cumplió en diciembre de 2022, por una falta grave por faltar a la consideración a la jefa superior,
Jorge Miguel comenta que “como debió considerar insuficiente la sanción, solicitó un acto de conciliación previo a la interposición de una querella por injurias, pero me negué a reconocer los hechos y finalmente no hubo conciliación”.
Mientras tanto, la jefa superior es nombrada jefa de la División Económica y Técnica de la Policía Nacional, un cargo en la cúpula del cuerpo a nivel nacional, y se traslada a Madrid donde en noviembre de 2023 presenta a título personal ante el Juzgado de Primera Instancia número 57 de la capital una demanda contra el inspector por vulneración del derecho al honor, reclamando 15.000 euros por los daños ocasionados.
El hecho de que el inspector asturiano demandado hubiera participado antes de trasladarse a Asturias en las investigaciones del caso Nóos durante su estancia en Mallorca, donde se dedicó a asuntos de delincuencia económica y corrupción política, hizo que el asunto saltara a los medios de comunicación.
Jorge Miguel recurrió la sanción que se le había impuesto en 2022 y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias le dio la razón y se la quitó “por entender que lo que hice estaba en el marco de la libertad de expresión y sindical”.
Y ahora el Juzgado de Madrid desestima la demanda de la exjefa superior señalando que las expresiones utilizadas en dicho escrito «no constituyen un ataque al honor», sino una «crítica legítima en el marco del ejercicio sindical, amparada por el derecho fundamental a la libertad de expresión». La sentencia es firme y se le impone a la demandante el pago de las costas del procedimiento.
El inspector señala a miOviedo que en todo este asunto “se evidencia que ha habido una persecución casi a título personal, porque una cosa es que no le gusten las críticas de un sindicato ante medidas que pueden ser discutibles, pero considero que ha llevado el tema al plano personal”. Jorge Miguel insiste en que “siento que hubo una persecución sindical, pero también y casi personal porque no lo he pasado bien. Te ves sometido a procesos judiciales que te afectan económicamente y a nivel de reputación”.
Y concluye: “Después de todo este proceso yo lo único que he conseguido es quedarme como estaba y el uso indebido del régimen disciplinario a ella le ha salido gratis”. Jorge Miguel cierra el capítulo y sigue en JUPOL, ahora como representante pata asuntos jurídicos de los afiliados de toda Asturias.
El sindicato JUPOL solicita de manera inmediata el cese de la denunciante y actual Jefa de la División Económica y Técnica de la Policía Nacional y miembro de la Junta de Gobierno de la Dirección General de la Policía, nombrada por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska
