El Colegio de Abogados de Oviedo, al que pertenecen casi mil afectados, se limita a remitirse a la postura del Consejo General de la Abogacía
El PSOE registró el pasado mes de noviembre en el Congreso una propuesta de modificación de la Ley de Seguridad Social para dar una solución a abogados y procuradores que, tras años cotizando exclusivamente a sus respectivas mutualidades, cuando se jubilen no alcanzarán la pensión mínima que se establece en el sistema público. La propuesta limita a parte de estos abogados poder traspasar su cotización y el capital acumulados en las mutualidades al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social, que es lo que la mayoría de afectados exige.
En Asturias, miles de mutualistas afectados -se estima que solo de la Mutualidad de la Abogacía hay unos 2.000- se han sumado al movimiento nacional que lucha por una pasarela voluntaria al RETA para todos los mutualistas (alternativos activos, complementarios que fueron alternativos y pasivos), que permita unas jubilaciones dignas.
Como explica Esther Velasco, colegiada en Oviedo, la pasarela 1*1, aboga por “año aportado, año trabajado a bases mínimas de cotización como mínimo o por defecto, en cómputo anual, ya que no se aporta lo mismo en 1978 que en 2022, y al que haya aportado más, le corresponderá mayor base”. En su opinión, “sólo ese concepto unifica a todos los afectados, sean de la mutualidad que sea y estén en el momento profesional o vital que sea”.
La propuesta del PSOE, que ahora parece dispuesta a negociar ante la oposición del resto de grupos parlamentarios y de los propios afectados, abre una pasarela voluntaria para cotizar y pasar al RETA los derechos económicos acumulados, pero solo para aquellos que estuvieran incluidos en una mutualidad antes del 1 de enero de 2023 y cumplan tres requisitos: carecer de un período mínimo para acceder a la pensión de jubilación en la Seguridad Social, estar en activo como profesional colegiado a 31 de diciembre de 2022 y no tener la condición de pensionista ni en el régimen público ni en la mutualidad. Posteriormente, el Ejecutivo regulará cómo se convertirá este dinero en cotizaciones al RETA.
Muchos profesionales del Colegio de Abogados de Oviedo se han sentido abandonados en esta lucha por la actual Junta de Gobierno, la cual, aseguran no les ha apoyado de ninguna manera, ni siquiera difundiendo sus demandas en la web colegial, y se ha limitado a remitirse a la postura que mantiene al respecto el Consejo General de la Abogacía. Desde la llegada de Salvador González a su presidencia a mediados del año pasado, en sustitución de Victoria Ortega, este organismo parece bastante de acuerdo con las peticiones de los afectados.
Asimismo, otros colegios de abogados, como el de Madrid, han sido más activos. La corporación profesional madrileña considera que la propuesta del PSDOE no ofrece una solución efectiva ni integral al problema. «La medida excluye a colectivos clave, como los abogados pasivos y aquellos mutualistas que optaron por complementar sus aportaciones con otras fórmulas previsionales. Esto genera un escenario de desigualdad que no responde a las necesidades reales de miles de profesionales afectados», señala en un comunicado. El Colegio asegura que presentará enmiendas a esta proposición de ley, con el objetivo de incluir a todos los colectivos afectados.
Liderados por asociaciones de afectados como Plataforma Pasarela al Reta, J2 y ANAMA, los mutualistas han convocado una gran manifestación en Madrid para el próximo 22 de febrero, entre Gran Vía y el Congreso de los Diputados, en la que espetan congregar a unas 40.000 personas teniendo en cuenta que el problema no afecta solo a abogados o procuradores, sino también a otros profesionales como ingenieros, médicos o arquitectos.
Desde la Plataforma se señala que “ningún mutualista que bajo las propias normas de la Seguridad Social finalice su vida laboral con los 38,3 años actuales trabajados a jornada completa, puede percibir una prestación por debajo de la mínima. Es imposible. Las normas de Seguridad Social no lo permiten”.
Plataforma pide que el cálculo de las bases de cotización se haga sobre la base de aportaciones regulares y extraordinarias del periodo alternativo, en cómputo anual, no de ahorro o de los fondos, ya que sólo así se unifica a todos sean de la mutualidad alternativa que sean.
Velasco señala que “todos hemos pagado aquello que se nos ha pedido y que las mutualidades han considerado, en base a las prestaciones cubiertas, de haberse controlado por los poderes públicos todos tendríamos las mismas coberturas y un mínimo y un máximo perfectamente definido”.
Desde su colectovo tienen claro que la pasarela “ha de cubrir los periodos alternativos de todos los que son mutualistas alternativos o los que lo fueron, nos es igual si son activos o pasivos, esos periodos alternativos deben constar en nuestras vidas laborales con el 1*1”.
La Plataforma explica que “el sistema alternativo es un sistema obligatorio, es decir, ahora, puedes optar entre estar en el sistema alternativo o en el RETA, pero una vez realizada la opción no puedes decidir no pagar o no cubrir las aportaciones que se te piden, por lo que la pensión de jubilación y las prestaciones deberían ser como mínimo de un mínimo suficiente y adecuado, no miserables como las actuales. Se han olvidado del sistema alternativo y han convertido un derecho, el derecho a una pensión suficiente, adecuada y actualizable en un negocio. Con los derechos, no se negocia”.
La Abogacía Española sostiene, en base a los informes realizados por expertos y académicos, que la cuestión que debe resolverse se asienta sobre el derecho constitucional a recibir una pensión digna y periódica actualizada. «Es por ello que desde el comienzo se ha reclamado una solución que acoja a todos los colectivos de mutualistas, independientemente de su fecha de incorporación», indican en un comunicado.
El presidente del Consejo General, Salvador González, añadió que la proposición del PSOE «es un buen punto de partida para la negociación parlamentaria, en la que necesariamente debemos ser escuchados quienes tenemos la representación legal de la abogacía y los colectivos de afectados».
