Fiscalía pide para él 70 años de prisión y le acusa, entre otras, de defraudar 8,5 millones de euros a Hacienda
La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha confiado este viernes en que el exministro de Economía asturiano Rodrigo Rato explique el origen de su fortuna, en el juicio que se ha iniciado contra él en la Audiencia Provincial de Madrid por presuntos delitos fiscales, corrupción entre particulares y blanqueo de capitales, y ha señalado que lo que está claro es que el «milagro económico» del PP terminó en la «cárcel».
«Es la manera de practicar la política que ha tenido siempre el Partido Popular», ha dicho Montero, quien ha apuntado que ni en la etapa de Pablo Casado como presidente del partido ni en la de ahora de Alberto Núñez Feijóo se ha hecho «nada al interior del partido para desterrar la corrupción».
Rato pide la nulidad del registro que dio inicio a la causa
La defensa del exministro de Economía Rodrigo Rato ha pedido al inicio del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid contra él la nulidad del auto de entrada y registro de 2015, que está en el origen de la causa que se sigue por un supuesto incremento ilícito de su patrimonio, porque vulneró el derecho a la defensa y la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y el secreto profesional.
Tras la exposición de cuestiones previas de la fiscal, que se ha limitado a aportar una serie de documentación para que sea incorporada al plenario, en el turno de la defensa de Rato, su abogada, María Massó ha sostenido que los dos documentos en los que se apoyó el instructor para dar luz verde a ese auto que permitía los diferentes registros, un informe de riesgos fiscales del investigado «genérico» realizado por la Agencia Tributaria y la denuncia de Fiscalía, no eran suficientes. Sobre el primero ha explicado que se trataba de una «exposición muy amplia» que incluía «actuaciones vagas e imprecisas, y con falta de rigor».
«La información tributaria que se refleja –en la denuncia de Fiscalía– como cuotas defraudadas era irrelevante desde punto de vista penal porque se declararon voluntariamente antes de la denuncia», ha explicado.
Lo incautado en los registros
Además, ha indicado que la información conseguida en determinados registros es «ilegal» y por tanto «debe ser expulsada de la causa». Así, la abogada ha señalado que tras analizar la documentación incautada tres años después, vieron que los 9 millones de archivos digitales y los miles de folios que se habrían aportado el 23 abril de 2015 por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y que fue usada por la Unidad Central Operativa (UCO), era documentación «ajena al auto habilitante de los registros».
«Se incautó documentación de 35 años frente a los tres años que daba amparo el auto habilitante, y sobre 100 personas cuando el auto solo hablaba de una persona jurídica y otra física. No se acotó nada», ha denunciado sobre uno de los registros.
El caso ‘Rato’
El juicio contra el que fuera el súper ministro de Economía del Gobierno de Aznar y otros 16 acusados ha arrancado este viernes en la Audiencia Provincial de Madrid y extenderá sus sesiones hasta finales de mayo. La Fiscalía pide para él una pena de cárcel que asciende a aproximadamente 70 años por 11 delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales y otro de corrupción en los negocios en el marco de la causa sobre el presunto incremento ilícito de su patrimonio. Habría defraudado a Hacienda 8,5 millones de euros.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, recogido por Europa Press, el que también fuera presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) habría mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.
El análisis de la documentación intervenida, señalaba la Fiscalía, permitió identificar incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda. La Fiscalía recordaba además que Rato se acogió en noviembre de 2012 a la amnistía fiscal y apuntaba que omitió cualquier referencia a varias sociedades que poseía declarando así un patrimonio en el exterior de 115.333,50 euros y pagando a la Hacienda española 11.533,35 €.
Anticorrupción indicaba al respecto que Rato, «lejos de haber regularizado ni administrativa ni, menos aún, penalmente –su fortuna– utilizó en realidad la declaración tributaria especial (DTE) como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años por su patrimonio exterior».
