Moriyón bloquea la moción con la que el PSOE pretendía que justificase su fiscalidad: «No suelo cometer delitos»

Los socialistas, apoyados por IU, Podemos y Vox, tratan de acorralar a la regidora afeándole no haber declarado los «sobresueldos» percibidos de Foro, y que se suman a sus salarios de alcaldesa y de médica privada; la aludida alega que presentó los documentos este lunes

Estaba más que cantado que, de un modo u otro, los tentáculos surgidos del caso que ha sentado en el banquillo de los acusados a Francisco Álvarez-Cascos, y que parecen estar llegando a todos los recovecos de Foro, iba a hacerse hueco en el primer Pleno ordinario del nuevo año en Gijón. Lo que pocos esperaban que es que ocurriese con la virulencia desplegada esta mañana… Y con el sorprendente resultado que se ha registrado. En un debate extremadamente combativo, colofón inesperado para una sesión por lo demás anodina, la alcaldesa de la ciudad, Carmen Moriyón, ha utilizado su voto de calidad para bloquear la moción de urgencia presentada por el Grupo Municipal del PSOE, y con la que estos últimos esperaban lograr que la regidora rindiese cuentas acerca de los presuntos «sobresueldos» que percibe de su partido. Unos pagos de los que Moriyón admitió su existencia el pasado jueves, durante su testimonio ante el tribunal que juzga a Álvarez-Cascos, pero cuyas cuantías exactas no vienen reflejadas en las declaraciones de bienes y actividades que facilitó al Ayuntamiento el 17 de junio de 2023, pese a que la normativa vigente obliga a ello. Para los socialista, que han contado con el apoyo de Izquierda Unida (IU), de Podemos y de Vox, ha sido una prueba más, y seria, de lo que entienden como una «conducta impropia» de la regidora; para la aludida, respaldada por Foro, por el PP, por el concejal Oliver Suárez, y que afirmó haber presentado la documentación pertinente este mismo lunes, constituye un ejemplo del afán de la oposición por desacreditarla.

No pasaban ni diez minutos de la una de la tarde, aunque sí tres horas y media desde el inicio de la cita plenaria, cuando, agotados los puntos del orden del día, los ruegos y las preguntas, la moción se abrió paso. Luis Manuel Flórez, ‘Floro’, portavoz del PSOE, insistió en no aplazar el asunto, dada la «alarma social que está generando«, y el hecho incontestable de que «cumplir la ley no es opcional«. Así, una primera votación, centrada en definir si se admitía su carácter urgente o, por el contrario, se relegaba al Pleno de febrero se saldaba con vía libre para debatirla, gracias a la abstención de las tres fuerzas en el Gobierno. La elección de la abstención, en lugar de la negativa, se debió, según resumió la concejala forista María Mitre, a que, «pese a que no consideramos el asunto urgente en absoluto, respetamos el deseo de la alcaldesa de que se debata y se vote». Fue suficiente con eso. Con la senda despejada, la edil socialista Carmen Eva Pérez Ordieres tomó el relevo de ‘Floro’ y apeló a los testimonios proporcionados en el juicio para teorizar con «la existencia de un descontrol importante por parte de la Comisión Directiva de Foro en el manejo de las cuentas«. Precisamente por eso, y porque Moriyón «ya ha sido condenada por el Tribunal de Cuentas en dos ocasiones por percibir irregularmente dietas«, Ordieres cargó frontalmente contra la regidora, acusándola de ocultar información capital sobre su fiscalidad «a la ciudadanía, a los órganos de control del Ayuntamiento y a la Corporación».

Los argumentos esgrimidos por la concejala del PSOE no fueron escasos. De entrada, Ordieres mencionó la ya citada inexistencia de una declaración de las retribuciones del partido a Moriyón en los documentos registrados el pasado junio. Pero es que, además, tampoco aparece información detallada «de cuáles son las actividades que realiza en el ámbito privado». En ese sentido, conviene explicar que la alcaldesa ejerce su cargo público a tiempo parcial, invirtiendo parte de sus jornadas en el ejercicio de la medicina en clínicas del sector privado. A juicio de los socialistas, en dichos documentos deberían figurar, debidamente desglosadas, las empresas a las que presta servicio, pero «sólo se menciona ‘Ejercicio privado de la medicina’«. Todo ello sin olvidar que la asignación salarial de Moriyón por su cargo municipal «es de más de 70.000 euros anuales», si bien en la web del Consistorio esa cifra merma hasta unos 66.272,56 euros, aunque sin especificar la fecha de actualización de esa cuantía. En cualquier caso, concluyó Ordieres, los detalles anteriores, sumados a que, al testificar el jueves, Moriyón «admitió hasta en doce ocasiones desconocer lo que estaba ocurriendo en su partido, y que firmaba actas y demandas contra compañeros sin saber lo que firmada«, dibujan una realidad, como mínimo, preocupante. «Es urgente que la alcaldesa se sitúe dentro de la legalidad. De no ser así, pondrá en un aprieto a los propios órganos de control del Ayuntamiento, desafiándolos y demostrando que en Gijón gobierna una mujer por encima de la ley«.

Las palabras de la edil socialista encontraron apoyo incondicional en el resto de la oposición. Olaya Suárez, portavoz de Podemos, acotó que la existencia de «sobresueldos» no tiene «por qué ser una ilegalidad, pero sí lo es no declararlos», aunque reprochó a Moriyón su aparente «afán «necesidad de recibir más y más sueldos», y señaló que, «si la declaración hubiese incluido todo lo que debe incluir, nos habríamos ahorrado este momento incómodo». Una breve interrupción de la aludida para aclararle a Suárez que «es incómodo para usted, no para mí» dio paso al líder local de IU, Javier Suárez-Llana, quien secundó la «incomodidad» de su compañera de Podemos, y llamó a «que se cumplan las reglas de transparencia; el debate es este, no otro, y no hacerlo así perjudica un servicio tan noble como es el de la política municipal». Incluso Sara Álvarez Rouco, concejala de Vox, se alineó con las tres fuerzas de izquierdas en el Pleno, admitiendo el carácter «incómodo y muy cansino» del momento, y preguntándose «dónde queda la vocación de servicio, aquella intención de no lucrarse al venir a la política, y qué prestigio va a dejar con el nivel de actuaciones judiciales que está protagonizando«. Incluso, para sorpresa del PSOE, llegó a pronunciarse sobre el reciente intento de Foro de desviar la atención hacia los contratos que el secretario general de los socialistas gijoneses, Monchu García, y su hermano suscribieron con el Consistorio, y tras los cuales, por ahora, no hay signo de irregularidad. «Son habituales las pantallas de información de la señora Moriyón y su equipo sobre los demás cada vez que cuestionan sus actos«, aseveró al respecto Rouco. «Si tienen información, hay que sacarla, y no espere a que la saquen de usted; de otro modo estaría engañando a los gijoneses«.

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A esas alturas de la sesión, y con semejante cantidad de impactos bajo su línea de flotación, las mismas expresiones faciales de la regidora daban fe del malestar que la embargaba. Y, efectivamente, en su turno de réplica así quedó demostrado. Tras devolverla pelota a Rouco, recordándole que «usted no ha presentado aún su declaración de la renta», Moriyón indicó que «no suelo cometer delitos» y, acto seguido, se refirió a la secretaria de alcaldía, Inmaculada Fernández Gancedo, para que respaldase su gran anuncio: que este lunes presentó su información fiscal pendiente, incluidos «detalles de pagadores y de las actividades económicas, con sus respectivas declaraciones dinerarias, cuyo sumatorio consta íntegramente declarado por el ejercicio 2023», y sin obviar «las cantidades percibidas por el pagador Foro Asturias». Un documento que, hasta que su contenido sea volcado en la web municipal, es privado, y cuyo contenido la alcaldesa se resistió a compartir. Lo que sí hizo fue dirigir su punto de mira a Ordieres, acusándola de haberse «extralimitado» por haber «hecho un juicio paralelo en pleno desarrollo de un procedimiento judicial», en alusión al caso contra Álvarez-Cascos. Sobre el particular, Moriyón prosiguió recordando que «hay tres magistrados que tienen la potestad de que, si un testigo miente, salga colmo imputado», y finalizó
acusando a la socialista de haber hecho «un comentario sobre un procedimiento que se está desarrollando en el Tribunal Superior de Justicia, diciendo que es un paripé; creo que es de una gravedad extrema». No obstante, esa palabra, ‘paripé’, no fue escuchada en el turno de palabra de Ordieres.

De hecho, Ordieres trató de completar una última intervención apuntando que «tengo la sensación de que estoy cumpliendo mi deber«, y celebrando «que haya intentado regularizar su situación; lo que tiene que hacer ahora es que subir a la declaración pública la parte que tenga que constar, para que consten los sobresueldos de Foro, su asignación como alcaldesa y las cantidades que percibe por prestar servicio en la sanidad privada». Aun así, la concejala socialista se confesó escéptica para con Moriyón, pues «si ha admitido firmar declaraciones sin saber qué estaba firmando… ¿De qué no va a ser capaz?«. Ordieres prosiguió indicando a la regidora que «en su declaración de actividades ocultó deliberadamente el sobresueldo de Foro», planteando la hipótesis de que esa irregularidad podría extenderse hasta el año 2015… Y, justo en ese instante, Moriyón le retiró el uso de la palabra, alegando que su tiempo se había agotado. De nada sirvieron las protestas de la bancada socialista en bloque, que reprochó que nunca antes había sucedido algo así, pese a rebasarse el máximo permitido en cada intervención. Visiblemente airada, Moriyón se dirigió una última vez a Gancedo para consultarle si opinaba que «he desafiado a los órganos de control del Ayuntamiento», y si «considera suficiente con la información que he facilitado de mis pagadores y de todas las actividades por las que percibo una cantidad e ingreso». Las respuestas favorables de la secretaria de alcaldía convencieron a la regidora de zanjar el asunto, pese a las quejas de la oposición. La votación consiguiente se saldó con tablas, trece y trece, por la ausencia del forista Jesús Martínez Salvador. Fue entonces cuando Moriyón ejerció su derecho al voto de calidad, y rompió el empate… Impidiendo que la moción de los socialistas medrase. Acto seguido levantó la sesión.

Apenas diez minutos después ‘Floro’ y Ordieres comparecían en rueda de prensa ante los medios para analizar lo sucedido. «Parece que esto de la ley no va mucho con Moriyón«, planteó el portavoz del PSOE, molesto por haber sido testigo de «la primera vez en todo el mandato que la señora alcaldesa corta la palabra a un concejal porque se agota el tiempo«, y decepcionado ante el resultado de una votación «en contra de la claridad y de la transparencia». Por su parte Ordieres, a tenor de los documentos supuestamente registrados el lunes por Moriyón, prometió no tener ninguna información al respecto hasta que se mencionó en el Pleno. «Desconocemos cuándo se presentó, ni si existe algún tipo de plazo para que su contenido, aún privado, se haga público, pero sería delirante que en la declaración de actividades siguiera sin aparecer la asignación de Foro; eso pone en entredicho a los órganos de control del Ayuntamiento«, reflexionó. Y concluyó haciendo una mención al segundo foco de polémica: la actividad profesional de la alcaldesa en el sector médico privado. «Sabemos que existen dos empresas del ámbito sanitario que van a tener una importancia en el futuro de Gijón. La regidora debería haber sido escrupulosa, rigurosa y cumplidora para que nadie tuviese la más mínima sospecha de contaminación entre su actividad pública y la privada«, zanjó.