El gobierno local invoca al Defensor del Pueblo por la contaminación en La Calzada pese a no atender sus recomendaciones sobre movilidad sostenible
La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha anunciado que encargará a los servicios jurídicos municipales un informe para explorar todas las vías posibles —incluida la del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo— con el fin de frenar el paso de tráfico pesado por el barrio de La Calzada, una situación que el gobierno local enmarca en el ámbito de la salud pública.
El anuncio se produjo durante el pleno municipal celebrado este miércoles, tras la intervención del presidente de la asociación vecinal de La Calzada, que reclamó mayor presión institucional ante el Ministerio de Transportes. La regidora justificó el nuevo paso en la falta de respuesta a las cartas remitidas tanto al ministro Óscar Puente como al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, solicitando una reunión para abordar alternativas al fallido vial de Jove soterrado.
“Que se exploren todas las vías, también la del Defensor del Pueblo, en términos de salud. Esto ya no es enfrentarse al Gobierno porque no hace una infraestructura; lo de los camiones es un problema de salud y alguien nos tiene que dar amparo”, señaló Moriyón.
La alcaldesa insistió en que la situación trasciende el debate sobre infraestructuras y la situó en el terreno del impacto sanitario derivado del paso diario de más de mil camiones por el barrio, varios centenares de ellos con mercancías peligrosas, según datos del movimiento vecinal.
El precedente de la Zona de Bajas Emisiones
La eventual apelación al Defensor del Pueblo se produce después de que esa misma institución incluyera a Gijón entre los municipios que habían ralentizado o suspendido la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), obligatoria para ciudades de más de 50.000 habitantes en virtud de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética.
En diciembre de 2024, el Defensor del Pueblo dirigió recomendaciones a varios ayuntamientos, entre ellos Gijón, instándoles a avanzar “sin más dilaciones” en la puesta en marcha de las ZBE y a evitar retrasos injustificados. La institución consideró entonces que los argumentos esgrimidos por distintos consistorios —como la complejidad técnica, la falta de recursos o la adopción de medidas alternativas— no justificaban el incumplimiento de la obligación legal.
Las recomendaciones del Defensor incidían en que las ZBE deben incorporar restricciones reales a la circulación en función del distintivo ambiental, delimitar áreas continuas y significativas y contemplar zonas de especial sensibilidad para proteger a los sectores más vulnerables frente a los impactos sobre la salud derivados del tráfico.
El tráfico pesado vinculado al Puerto de El Musel y las conexiones estatales depende del Ministerio de Transportes, mientras que la regulación de la movilidad urbana y la implantación de la ZBE son competencia municipal. Ambos ámbitos, no obstante, están vinculados al objetivo común de reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire.
Moriyón defendió durante el pleno que el Ayuntamiento seguirá “hasta donde llegue” en la búsqueda de soluciones y subrayó que la vía del Defensor del Pueblo se enmarca en la necesidad de amparo institucional ante un problema que, en su opinión, afecta a toda la ciudad.
Por su parte, el movimiento vecinal ha reclamado al gobierno local que ejerza al máximo sus competencias en materia de movilidad para limitar el tránsito de camiones por la avenida Príncipe de Asturias mientras no se habilite una alternativa estructural.
La posible intervención del Defensor del Pueblo, de materializarse, podría abrir un nuevo frente institucional en un conflicto que combina responsabilidades estatales y municipales en materia de infraestructuras, movilidad y salud ambiental.
