La decisión de la alcaldesa reabre el debate jurídico sobre los límites de la legalidad administrativa
La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha impulsado el desistimiento del procedimiento de licitación del servicio de recogida de ropa usada mediante contenedores tras un informe de la Asesoría Jurídica municipal que aprecia “infracciones no subsanables” en la preparación del contrato promovido por Emulsa. La decisión, a la que ha tenido acceso este diario y formalizada mediante resolución de Alcaldía de fecha 12 de enero de 2026, ha abierto un escenario de elevada tensión jurídica y política, con advertencias internas sobre un posible riesgo de incurrir en prevaricación administrativa.
El informe jurídico, solicitado expresamente por la alcaldesa el pasado 7 de enero, concluye que el expediente de contratación incurre en defectos graves que afectan a los principios esenciales de la contratación pública. Entre ellos, una definición imprecisa del objeto contractual, errores en la determinación del equilibrio económico del contrato y una falta de concreción en los medios exigidos para acreditar la solvencia de las entidades licitadoras. Defectos que, según la Asesoría Jurídica, obligan legalmente a desistir del procedimiento antes de su adjudicación definitiva.
En base a ese criterio, la alcaldesa trasladó las conclusiones al órgano de contratación de Emulsa, instando a adoptar los acuerdos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público. Este jueves, la Gerencia de la empresa municipal acordó formalmente el desistimiento de la licitación, decisión ya publicada y notificada a las partes interesadas.
Una licitación obligada por el marco legal
Fuentes de Emulsa insisten en que la licitación ahora anulada no fue una decisión política ni discrecional, sino una obligación legal derivada de la normativa vigente. Durante cerca de una década, el servicio se había prestado mediante un convenio directo con Cáritas, una fórmula que, según la empresa municipal, había quedado fuera del marco jurídico tras la entrada en vigor de la actual Ley de Contratos del Sector Público.
“El Ayuntamiento y Cáritas estaban obligados a regularizar una situación que no se ajustaba a la legalidad”, explican, que subrayan que el concurso abierto era imprescindible para garantizar los principios de igualdad, transparencia y libre concurrencia.
En el proceso, Cáritas obtuvo la máxima puntuación en casi todos los criterios técnicos, pero no en el apartado económico, determinante en la valoración final. Las entidades Insertega Social y Fundación Pueblo para el Pueblo se impusieron al comprometerse a prestar el servicio “a coste cero para el Ayuntamiento”.
El recurso, el silencio administrativo y el cierre del procedimiento
Tras conocerse la adjudicación, Cáritas presentó un recurso de alzada. Según Emulsa, se trataba de un trámite administrativo ordinario, pero los informes jurídicos externos recabados por la empresa municipal aconsejaban su desestimación. Sin embargo, el recurso nunca fue resuelto de forma expresa por los órganos municipales competentes.
“A pesar de las reiteradas solicitudes realizadas por esta empresa municipal, ni la Secretaría General del Pleno ni la Alcaldía emitieron pronunciamiento alguno”, trasladan fuentes de Emulsa a miGijón. Como consecuencia, el recurso quedó desestimado por silencio administrativo negativo el 14 de noviembre, cerrando el procedimiento dentro de la legalidad vigente, según la interpretación de la empresa.
Este punto resulta clave para Emulsa, que considera que el expediente estaba jurídicamente concluido cuando se encargó el informe ahora utilizado para anular todo el proceso. “Se trata de un informe extemporáneo, fuera de los plazos legales para resolver el recurso administrativo”, sostienen.
Advertencias sobre un posible riesgo de prevaricación
Más allá de las posibles reclamaciones económicas, en el entorno de la empresa municipal se apunta a un riesgo jurídico de mayor calado. Fuentes conocedoras del expediente advierten de que anular ahora el concurso, una vez cerrado el procedimiento administrativo y sin que exista una resolución judicial que lo invalide, podría situar a la Alcaldía en el terreno de una posible prevaricación administrativa.
La prevaricación, recuerdan estas fuentes, se produciría si se adoptara una resolución a sabiendas de su injusticia, especialmente si se hace caso omiso de informes previos que avalaban la legalidad del procedimiento y se actúa por motivos de oportunidad política y no estrictamente jurídicos. Un extremo que, en su caso, solo podrían determinar los tribunales.
Fricción política en el gobierno local
El conflicto tiene además una evidente lectura política. Emulsa depende del área gestionada por el Partido Popular, socio de gobierno de Foro Asturias, formación de la que procede la alcaldesa. La decisión de Moriyón supone así corregir una adjudicación impulsada desde una concejalía controlada por su socio, reavivando las fricciones internas en el seno del ejecutivo gijonés.
Pese al tono crítico, desde Emulsa insisten en separar el plano jurídico del humano. “Existe una enorme simpatía y reconocimiento por Cáritas y por la labor que desarrolla en Gijón”, reconocen, pero subrayan que “la obligación de una empresa pública es cumplir la ley por encima de cualquier consideración”.
Y concluyen con una advertencia que resume el fondo del conflicto: “Cualquier intento de eludir los principios de legalidad, igualdad y transparencia, aunque esté motivado por buenas intenciones, no puede ni debe prevalecer sobre la aplicación estricta de la normativa vigente”.
