El Ayuntamiento ordena paralizar la escalada judicial hasta que, a principios de julio, el Consejo de Administración decida si, finalmente, la franja costera es cedida gratuitamente para uso público municipal
Ha sido necesario consumir prácticamente hasta el último minuto, y nada asegura que la tensión se haya disipado completamente, pero, por ahora, las armas que atronaban en la lucha entre el Ayuntamiento de Gijón y la Autoridad Portuaria por el futuro de la franja litoral de Naval Gijón han callado. En un comunicado remitido tanto al Consistorio como a los medios de comunicación, esta mañana el segundo de ambos actores anunciaba que deponía su negativa tajante a ceder gratuitamente la parcela en cuestión a la ciudad, y que dejaba la decisión final en manos del Consejo de Administración del Puerto, que deberá votar sobre la misma a principios del mes que viene. A día de hoy, todo indica que el resultado de dicho proceso será favorable a los intereses de la urbe. De ahí que, poco después de conocerse el cambio de postura de El Musel, la alcaldesa, Carmen Moriyón, haya ordenado la paralización temporal del proceso judicial hasta que se resuelva la votación, y haya reivindicado lo sucedido como «una victoria«.
«El de hoy es un punto de inflexión para Gijón», ha comenzado la regidora durante su comparecencia. Y es que, ha proseguido, el mantenimiento del Gobierno que encabeza en la negativa a aceptar cualquier alternativa a la entrega de la franja a coste cero ha sido la prueba definitiva de que «esta ciudad no está dispuesta a esperar por nadie más, ni por nada más; se vale por sí misma, y no va a dar un paso atrás en su crecimiento«. No sólo eso, sino que, a su juicio, demuestra que la urbe cuenta con un Ejecutivo «fuerte«, algo patente a la vista de sus resistencia frente a una Administración que, de forma «incomprensible e injusta«, ha querido «torcer e interrumpir» la perspectiva de progreso en la fachada marítima del Natahoyo, materializada en un proyecto, el de ‘Naval Azul’, que ahora «está más cerca». En ese sentido, Moriyón ha sido tajante: «el futuro de Gijón es innegociable«.
La alcaldesa ha sido igualmente firme en su crítica a la postura manifestada por la presidenta de la Autoridad Portuaria, Nieves Roqueñí, al afirmar que el Gobierno local renuncia a una inversión de siete millones de euros para el acondicionamiento de la los 3.800 metros cuadrados que ocupa la franja de la discordia, y la construcción allí de un paseo de uso ciudadano. Ambas actuaciones formaban parte de la compensación del Puerto a la ciudad a cambio de tener la propiedad de la parcela, cediendo únicamente su uso, por lo que, ahora, es posible que sea el propio Ayuntamiento el que deba costearlas. A ese respecto, Moriyón ha descartado que las intervenciones alcancen semejante coste, y ha criticado el «empecinamiento» mostrado por El Musel. Más aún, la regidora ha tachado de «ataque frontal» el que los de Roqueñí remitiesen al Consistorio una solicitud de arrendamiento para poder celebrar allí la Semana Negra, toda vez que ese terreno es, desde la firma del acuerdo, propiedad de la ciudad.
En cualquier caos, Moriyón no ha querido pronunciarse sobre si lo sucedido esta mañana debería propiciar cambios en la cúpula del ente portuario. Y tampoco ha cerrado la puerta a una posible participación futura del Puerto en el desarrollo de la zona.
