«Lo que no es lícito, actuando como concejal o concejala de un ayuntamiento, es ir contra la legalidad en vigor, es ir contra las normas establecidas por la democracia»
Las palabras de una concejala del ayuntamiento de Xixón en Onda Cero Radio donde daba a entender que, si por ella fuera, nuestra lengua, nuestra música, no sonaría en la programación gijonesa, hará que el pleno del ayuntamiento debata sobre la proposición presentada por PSOE, IU y Podemos para “la promoción de la música y cultura n’asturianu en Gijón/Xixón, especialmente nos eventos festivos, educativos y culturales”.
No debería haber debate de discrepancias, sino discusión de cómo llevarlo a cabo. Solicitar la promoción del asturiano debería exigir el sí de todas las fuerzas políticas, pues, de no hacerlo, de no llevar a cabo acciones que impulsen nuestra lengua, se estaría incumpliendo la legalidad vigente en el Principado de Asturias y lo prometido por quienes nos representan. Puede sonar demasiado contundente, pero es así. Los concejales y concejalas juran o prometen su cargo en el salón de plenos, tomando la responsabilidad de defender la Constitución española. Por su conciencia y honor, se comprometieron a cumplir fielmente sus obligaciones como concejales y concejalas, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Si, ante la petición de promoción del asturiano, su voto fuera distinto a un sí, rotundo, estarían incumpliendo todo aquello que, en sesión plenaria, prometieron al pueblo de Xixón.
Juan Carlos I ratificó, en 2002, la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias hecha en Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992. Un texto que proporciona el marco necesario para la preservación de dichas lenguas, entre ellas el asturiano. En los objetivos desarrollados en la Carta se establece que los Estados basarán sus políticas, legislación y práctica, junto otros aspectos, en “La necesidad de una acción decidida para promover las lenguas regionales o minoritarias a efectos de salvaguardarlas”. Como también exige a los firmantes que “A la hora de determinar la política en materia de lenguas regionales o minoritarias, las partes tomarán consideración de las necesidades y deseos expresados por los grupos que usan tales lenguas”. Si nos referimos a las medidas establecidas en su articulado, la parte III, artículo 12, sobre actividades culturales y equipamientos, dice que se deberá “estimular modos de expresión e iniciativas específicas para las lenguas regionales o minoritarias y fomentar los diferentes medios de acceso a obras producidas en estas lenguas”. Es decir, si nos atenemos a lo que el rey en 2002 ratificó, no promover el asturiano sería estar en contra de lo firmado por la Jefatura del Estado, sería ser desleal al rey.
Vamos al siguiente compromiso de los concejales y concejalas, en este caso con la Constitución española. Nuestra Carta Magna, en su Preámbulo, nos dice sobre su articulado que este tiene la voluntad de “Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”. Siguiendo con la norma suprema, en su artículo 148, establece las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, y en ellas está “El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma”. Amparándose en la Constitución, nuestro Estatuto de Autonomía dice “El bable gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando en todo caso las variantes locales y la voluntariedad en su aprendizaje” así como “Una ley del Principado regulará la protección, uso y promoción del bable”. Es decir, los concejales y concejalas tienen la obligación de proteger y promover nuestra lengua porque así lo establece la Constitución española y el Estatuto de Autonomía. Una Constitución a la que, recordemos, prometieron o juraron guardar y hacer guardar.
Y por último la legislación del Principado de Asturias. La Ley 1/1998 de uso y promoción del bable/asturiano, en su artículo 13 establece “La protección de las manifestaciones culturales y artísticas, la edición de libros, la producción fonográfica, audiovisual y cinematográfica y cualesquiera otras actividades que se realicen en bable/asturiano”. Una Ley que debe ser cumplida por nuestros representantes.
Es decir, los y las concejalas de nuestro ayuntamiento han prometido defender, en el pleno constituyente, todo este articulado que he enumerado. Por lo tanto, de no hacerlo, estarían incumpliendo lo asumido ante sus vecinos y vecinas. La promoción de la música en una lengua regional o minoritaria, ha sido ratificada por el rey, avalada por la Constitución española y defendida por el Estatuto de Autonomía, siendo, por tanto, una obligación para los poderes públicos. La pregunta o el debate no es si me gusta o no me gusta el asturiano. Uno, en su casa, con sus amigos, puede hacer lo que considere, cuando es cargo público debe actuar acorde a la legislación. El marco jurídico fortalece la democracia y garantiza los derechos de la ciudadanía. Sin él, sería imposible la convivencia, el respeto y la libertad, libertad democrática, libertad como el derecho general de todos, libertad cantada por Paul Éluard. Hay personas que reniegan de la llingua asturiana y no creen en las Autonomías, posturas defendidas por partidos que forman parte del pleno municipal. Es lícito, nuestra democracia permite su postura, así como sus gustos o visión de futuro, y hasta lo pueden defender con la palabra. Lo que no es lícito, actuando como concejal o concejala de un ayuntamiento, es ir contra la legalidad en vigor, es ir contra las normas establecidas por la democracia.
Posicionarse sobre promover o no promover el asturiano nos hará ver quien quiere cumplir la Ley y quien no la quiere cumplir. Ya sabemos que en una radio una concejala respondió sobre la programación cultural y la presencia del asturiano (“¿los artistas asturianos serían tenidos en cuenta, aunque elijan el asturiano para sus actuaciones?”) con un “si se puede, no”. Señora concejala, no es que se pueda o no, es que se debe realizar, pues lo exige la Ley. Los poderes públicos deben llevar a cabo la promoción (RAE; promover: impulsar el desarrollo o la realización de algo) de la música, y otras manifestaciones culturales, en asturiano. Todo lo demás es ir en contra de lo prometido o jurado.
Es cierto que mi opinión hoy se ha convertido más en una manifestación jurídica de la protección y promoción del asturiano, pero es que las normas nos dan el conocimiento sobre cómo deben actuar nuestros representantes con respecto a la llingua de nuestro ayer y nuestro mañana. A nivel personal, soy defensor acérrimo de nuestra lengua. Es parte de nuestra cultura, de nuestra realidad, es con lo que nombramos las cosas, un pueblo, una ciudad, pues existen vocablos que son solo de nuestra realidad asturiana, como también hay topónimos que permiten nombrar sitios y lugares: la playa de L´Arbeyal parece provenir del grosor de sus piedras, parecidas a los arbeyos, El Cerilleru debido a la ubicación de una fábrica de cerillas o La Carbayera de Granda, que toma el nombre de los carbayos. La lengua asturiana es nuestro patrimonio cultural, es nuestra manera de ver y entender el mundo. Con ella pensamos y se manifiestan sentimientos, se nombran objetos, se describen acciones, se mira a través de su cristal nuestra realidad. La llingua asturiana es una de las mayores riquezas intangibles de nuestra Comunidad Autónoma. Escucharla, hablarla, escribirla, es un privilegio y un derecho que no tienen en otros lugares del mundo. Conservarla, protegerla es nuestra obligación como ciudadanos y mucho más como representantes públicos. Otro día hablaremos de la necesaria oficialidad. Hoy, echemos un cantarín, cantemos en asturiano.
