Las familias de los colegios de educación especial denuncian carencias estructurales y exigen más apoyos, escucha real y dignidad para su alumnado: “Nuestros hijos e hijas importan. Y no vamos a dejar de defender sus derechos«
Este miércoles, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, las AMPAS de los Colegios Públicos de Educación Especial de Asturias decidieron volver a hacer algo que llevan tiempo practicando: reclamar los derechos de sus familias. Lo hacen desde un convencimiento compartido y una frustración creciente: la educación que reciben sus hijos e hijas no puede seguir sosteniéndose sobre parches, silencios administrativos y profesionales agotados.
Lo que denuncian no es nuevo, pero sí urgente. Carencias que se repiten curso tras curso, bajas sin cubrir, ratios imposibles, falta de materiales, ausencia de escucha institucional. “Nuestros hijos no son de segunda, y sus profesores tampoco”, recuerdan en un manifiesto conjunto. Sus palabras buscan romper una inercia que, según relatan, lleva años instalándose en los centros: la sensación de que la Educación Especial es un recurso residual, cuando es un derecho fundamental.
Detrás de cada una de las reivindicaciones hay una imagen cotidiana: un niño que necesita apoyo permanente y no lo tiene; un aula que se queda sin auxiliar durante días; familias reorganizando horarios, trabajos y economía para cubrir aquello que, recuerdan, debería ser público. El caso del CPEE Castiello es uno de los que citan como ejemplo de la desproporción: 10 auxiliares para 179 alumnos. Una cifra que no deja espacio para interpretaciones. “Las necesidades deben valorarse alumno por alumno, no por una ratio fija”, insisten. No es una cuestión de números, dicen, sino de bienestar, seguridad y dignidad. Y es que saben que en los centros de educación especial, los auxiliares educativos son la columna vertebral de la jornada escolar. Su ausencia, incluso por pocos días, desencadena un efecto dominó que recae siempre sobre los mismos: el alumnado con mayores necesidades.
Escuchar, valorar, dignificar: la otra batalla
Otro de los puntos que más duele a las familias es la falta de participación real. Ni encuestas de final de curso, ni canales fluidos de comunicación, ni respuestas claras. “Somos parte de la comunidad educativa. Merecemos ser escuchadas”. A eso se suma algo que las AMPAS expresan con especial preocupación: la falta de atención a las voces de los profesionales que conviven cada día con la realidad del aula. “Son quienes sostienen los centros”, recuerdan. Si ellos no son escuchados, si su criterio no guía la planificación, difícilmente podrán mejorar los recursos o evitar que los problemas se cronifiquen.
Uno de los reclamos más repetidos es la incorporación urgente de terapeutas ocupacionales en los colegios públicos de educación especial. Una figura imprescindible, dicen, para mejorar la autonomía y el bienestar del alumnado. Mientras no llega, las familias están pagando terapias externas “a un coste elevadísimo”. Un esfuerzo económico que no todo el mundo puede asumir, y que no debería depender, recuerdan, del bolsillo de cada familia. La Consejería de Educación, según denuncian, mantiene una “respuesta de silencio sistemático”.
Las AMPAS de Latores, Santullano, San Cristóbal, Prada y Castiello firman este manifiesto que, más que un documento reivindicativo, es un recordatorio esencial: la Educación Especial importa. “Seguiremos defendiendo sus derechos. No vamos a parar”, afirman.
