El servicio de Intervención dictamina que la UTE formada por las empresas Ecomputer y Telecable no reúne las condiciones mínimas para aspirar al contrato, y solicita un informe aclaratorio para tratar de subsanar los fallos
Paciencia. A los habitantes del Distrito Rural de Gijón parece habérseles enquistado esa palabra, por el momento su único recurso para encarar las noticias que van llegando de la anhelada instalación del sistema de videovigilancia para prevenir la delincuencia. Y, una vez más, dicho término es su único recurso, después de que la semana pasada el servicio de Intervención del Ayuntamiento ‘tumbase’ la propuesta presentada por la unión temporal de empresas (UTE) integrada por las compañías Ecomputer, SL, y Telecable, SAU, única aspirante a hacerse con el contrato. ¿La razón? Según el documento emitido por el organismo municipal, y de acceso público, la incapacidad de dicho tándem para demostrar su solvencia técnica. Por el momento se ha solicitado la elaboración de un segundo informe, esta vez con carácter aclaratorio, para determinar si es posible subsanar los errores detectados, pero ni siquiera esa posibilidad impide que sobre el proyecto caiga una sensible demora. Y no es la primera.
El documento en cuestión, firmado por los miembros de la Mesa de Contratación, no precisa los elementos fallidos de la propuesta de la UTE, aunque sí acota un cierto marco, circunscribiéndolo al apartado ‘a’ de la cláusula 10 del cuadro de características particulares. Según el apartado el cuestión, el binomio formado por Ecomputer y Telecable debería haber facilitado «una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años», indicando en ella «el importe, la fecha y el destinatario, público o privado, de los mismos». Esa acreditación sólo se consideraría válida si el suministro fuese «de igual o similar naturaleza» al del contrato para la zona rural gijonesa; es decir, que tendría que haber experiencia previa en la colocación de sistemas de videovigilancia en exteriores. Finalmente, el apartado obliga a que «el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución» de esos tres «sea igual o superior a 60.091,02».
Desde el Gobierno municipal se ha eludido profundizar en la cuestión, al tratarse de un proceso de adjudicación en curso, aunque sí han prometido que «se está trabajando para que la instalación comience en el cortísimo plazo, dado que supone una prioridad absoluta». Tales palabras, sin embargo, no han consolado, ni tampoco convencido, a los vecinos de Cabueñes, Castiello, Cenero, Deva La Pedrera, Lavandera, Leorio, Roces, Santurio y Somió, las parroquias en las que está previsto la colocación de las cámaras, de tipo bullet. Y es que en la memoria colectiva está todavía la anterior suspensión de la licitación, suspensión temporal del procedimiento incluida, que se dio en julio, después de que Ecomputer pusiese en duda el criterio del Consistorio a la hora de exigir la habilitación del personal instalador y controlador de los equipos. Ahora el deseo general es que este nuevo obstáculo se esquive pronto, antes de que la percepción de inseguridad vuelva a apoderarse de los lugareños.
