El abogado asturiano Adrián Rivas considera que el estatuto «puede ser un paso importante para evitar que los becarios sustituyan a trabajadores»
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, conocido como Estatuto del Becario, una norma que busca reforzar los derechos de los estudiantes en prácticas y poner freno a posibles abusos en el acceso al mercado laboral. El texto será remitido ahora a las Cortes Generales para iniciar su tramitación parlamentaria.
La nueva regulación pretende delimitar con mayor claridad la diferencia entre las prácticas formativas y una relación laboral ordinaria, uno de los puntos que más controversia ha generado en los últimos años en determinados sectores.
Para el abogado laboralista asturiano Adrián Rivas, del despacho Servanda Abogados, la aprobación del proyecto supone un avance relevante para corregir situaciones de precariedad que han afectado especialmente a los jóvenes que se incorporan por primera vez al mercado de trabajo.
“Durante años ha existido una zona gris en la que muchas prácticas acababan funcionando como puestos de trabajo encubiertos. Esta norma intenta precisamente marcar una línea más clara entre lo que es formación y lo que es empleo”, explica Rivas.
El letrado subraya que el principal valor del texto está en la definición de los límites de las prácticas no laborales. “Si una persona en prácticas está realizando tareas estructurales o sustituyendo a un trabajador, ya no estamos hablando de formación. Estamos ante una relación laboral que debe reconocerse como tal”, señala.
Prácticas ligadas obligatoriamente a la formación
La norma establece que las prácticas no laborales deberán estar vinculadas a estudios oficiales universitarios, a la Formación Profesional o a programas formativos promovidos por los sistemas públicos de empleo. Si no existe esa vinculación, se considerará automáticamente que existe una relación laboral.
También se exigirá que las prácticas estén formalizadas por escrito mediante un convenio entre la empresa o administración y el centro educativo correspondiente. En ese documento deberá especificarse el contenido formativo, las tareas a desarrollar y la duración máxima de la estancia.
Además, cada estudiante contará con una doble tutorización: una persona responsable dentro de la entidad donde realice las prácticas y otra designada por el centro formativo.
Para Adrián Rivas, estas obligaciones pueden ayudar a garantizar que las prácticas cumplan su función pedagógica. “El hecho de que tenga que existir un plan formativo concreto y un sistema de tutorías puede evitar que las prácticas se conviertan simplemente en mano de obra barata”, apunta.
No obstante, el abogado advierte de que el verdadero impacto de la ley dependerá de cómo se aplique en la práctica. “El reto no está solo en aprobar normas, sino en hacer que se cumplan. Si las tutorías o los planes formativos se quedan en un trámite burocrático, el problema de fondo no desaparecerá”, añade.
Compensación de gastos y sanciones más duras
El proyecto también introduce nuevas garantías para las personas en prácticas. Entre ellas, la prohibición de acceder a una práctica mediante el pago por parte del estudiante y el derecho a recibir una compensación por los gastos derivados de su actividad formativa.
Además, se endurece el régimen sancionador en caso de incumplimientos. La Inspección de Trabajo podrá imponer multas que, en los casos más graves, superen los 250.000 euros.
Desde el punto de vista jurídico, Rivas considera que el incremento de las sanciones puede tener un efecto disuasorio importante. “Hasta ahora, en algunos casos el coste de incumplir era relativamente bajo y muchas empresas asumían el riesgo. Con sanciones de esta magnitud, la situación cambia”, explica.
A su juicio, la norma también puede aportar mayor seguridad jurídica tanto para las empresas como para los estudiantes. “Cuando las reglas son claras, todos saben a qué atenerse. Las empresas que realmente quieren ofrecer formación de calidad no deberían tener ningún problema en adaptarse”, afirma.
Una medida dentro de la estrategia contra la precariedad juvenil
La aprobación del Estatuto del Becario se enmarca en las políticas impulsadas por el Ejecutivo para combatir la precariedad laboral y el desempleo juvenil. Según el Gobierno, la norma responde a los objetivos de la reforma laboral de 2021 y pretende mejorar la calidad de la transición entre el sistema educativo y el mercado de trabajo.
En este sentido, el Ejecutivo recuerda que desde el 1 de enero de 2024 las prácticas formativas no remuneradas cotizan a la Seguridad Social, una medida que ya ha permitido que más de dos millones de jóvenes hayan generado cotizaciones durante su etapa formativa.
Para Adrián Rivas, el nuevo estatuto puede contribuir a mejorar ese proceso de incorporación al empleo, aunque insiste en que su eficacia dependerá de la vigilancia y del control. “Las prácticas deben ser una puerta de entrada al mercado laboral, no una vía para precarizarlo. Si la norma consigue reforzar ese equilibrio, estaremos ante un cambio positivo”, concluye.
