Juventudes Socialistas de Gijón reclama explicaciones a la alcaldesa por no reflejar su actividad privada en la declaración de actividades
Una publicación difundida en redes sociales por Juventudes Socialistas de Gijón (JSG) cuestiona la compatibilidad entre cargos públicos y actividad profesional en la sanidad privada. En el centro de la polémica se sitúa la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, a quien la organización juvenil socialista pide que actualice su declaración de actividades y que aclare de forma pública su relación con el Hospital Ribera Covadonga.
En su mensaje, acompañado de imágenes que señalan directamente a la regidora y al centro sanitario privado, JSG se pregunta: «Si la alcaldesa de Gijón está compaginando su trabajo en el Hospital Ribera Covadonga, ¿por qué no aparece en su declaración de actividades?». La organización enmarca esta interpelación en un contexto de creciente escrutinio sobre los posibles conflictos de intereses entre la gestión pública y la práctica privada en el ámbito sanitario, un debate que se ha intensificado a nivel estatal en los últimos meses.
La petición de Juventudes Socialistas se produce meses después de la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Gijón de un contrato al Hospital Ribera Covadonga para la prestación de servicios médicos a la plantilla municipal, un acuerdo firmado por la propia alcaldesa en junio y valorado en más de 104.000 euros. La polémica surge al coincidir esta adjudicación con la vinculación profesional de Carmen Moriyón al citado centro privado, donde figura como cirujana de mama desde 2021. Aunque la regidora tiene reconocida compatibilidad para ejercer actividad médica privada, el PSOE de Gijón alertó de una posible apariencia de conflicto de intereses por haber rubricado un contrato con una entidad con la que mantiene relación profesional, algo que la Ley de Contratos del Sector Público contempla como una situación que debería haberse evitado mediante la delegación de la firma. Ni el Gobierno local ni el hospital aclararon si dicha relación contractual seguía vigente en el momento de la adjudicación, lo que mantuvo el debate abierto en el ámbito político municipal.
