El Gobierno regional cuestiona el real decreto que extiende la concesión de la AP-66 hasta 2050, respaldado por informes jurídicos y el Consejo Consultivo
El Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado este lunes el inicio de una acción de nulidad contra la Administración General del Estado con el objetivo de declarar la nulidad del real decreto que prorrogó la concesión de la autopista AP-66, conocida como Huerna, hasta 2050. La decisión forma parte de la hoja de ruta trazada por el Ejecutivo asturiano para lograr la eliminación del peaje. El Consejo de Gobierno ha designado al consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, como representante del Principado para ejercer esta acción administrativa. Se trata de un paso previo necesario antes de acudir, en su caso, a los tribunales.
Según los informes elaborados por los servicios jurídicos del Principado y ratificados por el Consejo Consultivo, la prórroga del peaje aprobada en 2000 incurrió en causas de nulidad de pleno derecho. Entre los motivos señalados se incluyen la alteración del equilibrio económico del contrato original, la creación de una concesión encubierta sin licitación pública, la vulneración de normativa europea en contratación pública, la omisión de los procedimientos legales exigidos y la generación de beneficios económicos indebidos al concesionario, con perjuicio para el interés general de Asturias.
El acuerdo del Ejecutivo también se sustenta en la resolución de la Comisión Europea del 17 de julio de 2025, que concluyó que las prórrogas de la AP-66 y de la AP-9 en Galicia contravienen el derecho comunitario al haberse concedido sin licitación ni publicidad, vulnerando los principios de igualdad y transparencia. El Gobierno asturiano ha remitido a la Dirección General de Mercado Interior (DG GROW) toda la documentación jurídica y técnica que sustenta la acción de nulidad, incluyendo análisis económicos, estudios independientes y el dictamen del Consejo Consultivo.
El Ejecutivo regional considera que esta acción constituye un paso esencial para corregir una situación que ha afectado al tejido productivo, la competitividad y los usuarios de la autopista durante más de dos décadas, y asegura que continuará desplegando todas las actuaciones necesarias para restablecer la legalidad y el interés general.
