«Estamos ante una discriminación a la que se debe poner fin cuanto antes, y que no admite dilación, porque nadie puede vivir con pensiones de 400-600 euros, y sin reconocimiento de su vida laboral en el Servicio Público del Turno de Oficio»
Desde hace unos tres años, profesionales de abogacía y procura hemos venido poniendo en el debate público, y en la hoja de ruta de sindicatos y partidos políticos, la problemática de nuestras pensiones y la explotación laboral que significa el fraude de ley que se comete en la contratación de quienes ejercen en el Turno de Oficio. Lo que parecía imposible, o algo anecdótico, ha pasado a primer plano del debate político a través de una pelea de muchos compañeros y muchas compañeras a lo largo de la geografía española, a través de Proposiciones No de Ley (PNLs) en los parlamentos autonómicos, mociones en los ayuntamientos, concentraciones en sedes de seguridad social y de juzgados, manifestaciones en Madrid, artículos de opinión, charlas, reuniones con decenas de colectivos etc.… Y, como no, también con una huelga en el Turno de Oficio, que pese a todas las medidas sancionadoras contra compañeros y compañeras ahí sigue poniendo en evidencia no solo las remuneraciones de miseria que se reciben, sino sobre todo la falta de cotización a la seguridad social por el desempeño de un trabajo esencial para la vida de juzgados y tribunales. Y todo ello con la inicial oposición de la mayoría de los colegios profesionales, posteriormente con el apoyo de solo alguno de ellos y la tibieza de la inmensa mayoría, y actualmente con un creciente convencimiento de parte de la abogacía institucional que, por necesidad o virtud, empieza a entender que esto también va con ellos y ellas.
Ambas problemáticas responden a una concepción del ejercicio de la profesión propia de otros tiempos, cuando, por un lado, quienes ejercían la abogacía y procura pertenecían a unas clases sociales privilegiadas por cuna, donde las pensiones no eran un problema, porque al ser muy pocos y muy ricos quienes ejercían la profesión, la vejez la tenían asegurada, y por otro lado, podían ejercitar el turno de oficio como una forma de caridad mal entendida. Toda esa realidad fue cambiando en los años 70 y 80, con la incorporación a estas profesiones de personas que venimos de las clases trabajadoras, de aulas con más de 300 personas por curso, que hizo que el posterior acceso a la profesión se diera en unas condiciones donde el hacerse rico ya era una utopía, y suerte el que pudiera vivir de su trabajo. Sin embargo, quizás por nuestra falta de conciencia del problema, el estado (tanto el central como las comunidades autónomas) y la abogacía institucional, agrupada en las direcciones de los colegios profesionales, prefirieron mantener un sistema de protección social y de vejez paralelo al de la Seguridad Social, de tipo gremial, que se ha visto que no garantiza pensiones dignas, y un funcionamiento del Turno de Oficio, también con vocación residual, donde no se remuneraba y aseguraba debidamente la prestación de unos servicios que por su propio naturaleza tienen un carácter de relación laboral, pues no se ejercita de forma independiente, aunque quienes lo desempeñen puedan compatibilizar sus tareas con el ejercicio libre de la profesión. Un sistema de encuadramiento en la seguridad social que, sin embargo, daba y da pingues beneficios, en forma de remuneraciones varias, a los gestores de las mutualidades, y un Turno de Oficio mal pagado, reservado inicialmente no solo para clientes pobres, sino también para abogados pobres. En la medida que las personas que accedimos a la profesión en esas pasadas décadas nos íbamos acercando a la edad de jubilación, fuimos viendo como nuestras pensiones distaban mucho de las que nos prometieron, y como cada vez aparecían más macro-despachos donde la precariedad del trabajo de compañeros y compañeras superexplotadas se convertían en una competencia para los despachos de siempre, haciendo, en los últimos años, que miles de personas de esas generaciones hayan empezado a huir al funcionariado, volviéndose a dar una situación donde es posible que, a medio plazo, se vuelva al ejercicio de una abogacía, en particular, de tipo elitista.
En la medida que hemos ido tomando la conciencia de nuestra problemática y asumiendo la necesidad de luchar para cambiar esa realidad, durante meses hemos llevado la lucha de la pasarela al RETA y el tema del Turno de Oficio como si fueran dos temas distintos, cuando son dos caras de la misma moneda, que no es otra que la de la abogacía y procura precarias. Una minoría, inicial, entendimos que ambas luchas tenían que confluir, porque, además, con esa confluencia podíamos lograr una reconstrucción de nuestras vidas laborales capaz de garantizar unas pensiones suficientes, como las que exige la Constitución Española. Se nos puede decir que cotizamos poco a la Mutualidad o que pudimos pasarnos hace años a autónomos, aunque ello es fácilmente rebatible, no solo porque la mayoría cotizo lo que se les impuso y otros/as más encima, sino porque quienes llevamos más años en la profesión pasarse al RETA implicaba tirar al basurero las cotizaciones obligatorias con las que comenzamos nuestra vida laboral. Pero lo que nadie puede decir es que somos culpables de haber sido contratados en fraude de ley por el estado, a través del Turno de Oficio, y que no se haya cotizado por nosotros y nosotras, viendo ahora, que se acerca nuestra edad de jubilación, como por ello nos van quedar, a una inmensa mayoría, pensiones muy por debajo de las mínimas de seguridad social, y sin “complemento a mínimos”, pese a que a financiar los complementos de los demás también hemos contribuido, tanto como contribuyentes netos, como recaudadores de un impuesto indirecto, como es el IVA.
Esas luchas no han sido en vano, y hemos logrados, entre todos y todas, que la inmensa mayoría de los partidos políticos en el Congreso hayan asumido las enmiendas, a la propuesta de pasarela presentada por el PSOE, que recogen la necesidad de que se nos deje trasladar nuestras aportaciones de las mutualidades a la caja común de las pensiones, y que se nos reconozca, por haber estado en un régimen alternativo, pero de seguridad social, que cada año trabajado se considere año cotizado. A la par, tres grupos parlamentarios (SUMAR, JUNTS y EHBILDU), con otras enmiendas añadidas, dan respuesta a una reivindicación que se encuadra dentro de la huelga del Turno de Oficio, en cuanto a la dignificación profesional, sobre la regulación de las cotizaciones y su pago por el empleador. Hoy nos encontramos dentro del debate legislativo de una posible transaccional que pueda unificar las 3 enmiendas sobre cotización del TO, y obtener una mayoría parlamentaria suficiente para su aprobación legal.
Estamos en un momento crucial para lograr dar respuesta a las reivindicaciones antes indicadas, también las referentes al TO. Compártase o no la hoja de ruta a la que responden esas enmiendas, aprovechando el momento legislativo abierto básicamente entorno a la pasarela, ya que el tema está a debate en el parlamento, lo razonable y lo solidario, parece que tiene que ser que todos los sectores de nuestro movimiento sumemos fuerzas para lograr lo que serían dos hitos históricos para nuestras profesiones, y también para la justicia social en nuestro país. No aprovechar el momento político y parlamentario ante el cual nos encontramos, sería dejarlo todo “sine díe” a las falsas promesas, tantas veces incumplidas, por administraciones y abogacía institucional. La ocasión la pintan calva, que dirían algunos, y lo que pone en riesgo lo avanzado hasta ahora es que dichas enmiendas no se asumieran parlamentariamente, y se devolviera a la abogacía y la procura, en particular la que desempeña básicamente su ejercicio en el turno, a la casilla de salida. Pues una pasarela solo para algunos y algunas, y una pasarela que no contemple las cotizaciones del Turno de Oficio, nos mantendría en la precariedad presente y futura, pero con menos capacidad de presión. Al final, si se aprueba una pasarela de mínimos o, lo que es peor, una pasarela trampa, la fuerza alcanzada en estos años corre el peligro de desinflarse, y mañana será mucho más difícil abordar la lucha por un Turno de Oficio por separado.
Es el momento, tanto de seguir presionando por una pasarela justa, como para que se generalice en el parlamento el apoyo que actualmente nos han dado las tres señaladas fuerzas políticas, porque es el reconocimiento explícito de la discriminación del colectivo de la abogacía y procura que presta su trabajo en el Servicio Público de Justicia Gratuita, (50 mil trabajadores que en 2024 atendieron más de 2,3 millones de asuntos, más de 1 de cada 4 casos de la administración de justicia).
Estamos ante una discriminación a la que se debe poner fin cuanto antes, y que no admite dilación, porque nadie puede vivir con pensiones de 400-600 euros, y sin reconocimiento de su vida laboral en el Servicio Público del Turno de Oficio. Esperamos que, tras el éxito de la entrada en el parlamento de las enmiendas señaladas, y de la manifestación en Madrid del 27 de septiembre, no podemos dilapidar el apoyo recibido, pues sería no sólo una oportunidad perdida, sino también rechazar el reconocimiento de la injusticia cometida durante decenios. Estamos ya cada vez más cerca de lograr culminar la senda que empezamos hace tres años, y para ello es más necesario que nunca, unidad para seguir luchando, inteligencia para convencer a las fuerzas políticas de la justeza de nuestras reivindicaciones y solidaridad entre el conjunto de ambas profesiones, pues como alguien dijo hace no tanto, este es el pleito de nuestras vidas y lo vamos a ganar.
