El sujeto, de origen marroquí, podría ver reemplazada la condena por diez años de expulsión de España, una vez cumplidos dos tercios de la pena
La Fiscalía de área de Gijón solicita nueve años de prisión, a sustituir por diez años de expulsión del territorio nacional una vez cumplidos dos tercios de la pena, para un procesado de nacionalidad marroquí, nacido en 2001, por intentar asesinar a un hombre en una vivienda de Gijón el pasado mes de julio. La vista oral está señalada para este jueves, 27 de abril, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, a las 10.00 horas.
El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las 13.50 horas del 28 de julio de 2022, el procesado, en situación irregular en España, acudió a un domicilio de la calle Donato Argüelles que solía frecuentar. Una vez allí, y tras mantener una breve conversación con la víctima, nacida en 1952, se dirigió a la cocina, cogió un cuchillo, volvió a la habitación en la que se encontraba su acompañante y, sin mediar palabra, aprovechando que el hombre estaba sentado, desprevenido e inerme, con la intención de quitarle la vida, le asestó un golpe en el cuello con el cuchillo, que se rompió.
Alertados por los gritos, entraron en la habitación dos convivientes del domicilio, que consiguieron reducir al procesado lanzándole contra la cama cuando se encontraba agrediéndole en el cuello con un trozo de plato de loza. No obstante, el acusado consiguió rehacerse y cogió otro cuchillo, con el que trató de apuñalarle en el estómago, siendo finalmente inmovilizado. El agredido sufrió lesiones diversas lesiones, y como secuelas le quedaron varias cicatrices. El procesado se encuentra en prisión provisional desde el 29 de julio de 2022.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato en grado de tentativa, y solicita que se condene al procesado a la pena de nueve años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, a sustituir por la expulsión del territorio nacional por diez años, una vez cumplidos dos tercios de la pena. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el presunto agresor indemnice a la víctima con 920 euros por las lesiones, y con otros 1.000 euros por las secuelas, amén de al Servicio de Salud del Principado con la cantidad que acredite por los gastos de la asistencia prestada, todo ello más los intereses legales correspondientes.
