Según el relato de la Fiscalía, los hechos comenzaron cuando la víctima contaba sólo siete años, degenerando en problemas académicos y problemas de conducta; el juicio, visto para sentencia, se ha celebrado a puerta cerrada

La Fiscalía del Principado ha solicitado una condena de seis años de cárcel para cierto hombre acusado de agredir sexualmente a su hija de forma continuada desde que la niña tenía siete años. Los sucesos, ocurridos en Oviedo, han sido juzgados esta mañana a puerta cerrada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en la capital asturiana. El caso ha quedado visto para sentencia.
El Ministerio Fiscal sostiene que, durante seis años, aproximadamente desde 2016 hasta abril de 2022, el acusado, aprovechándose de que su hija dormía con él en su casa de Oviedo los períodos de tiempo en los que la menor que no estaba con su madre, y que los dos compartían la misma cama, hacía tocamientos a la niña por encima de la ropa y también frotaba sus genitales contra ella. Como consecuencia de ello, la menor ha sufrido un empeoramiento académico y problemas de conducta. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de agresión sexual a menor de dieciséis años, y ha solicitado la condena de seis años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como las prohibiciones de aproximación a menos de 500 metros, y comunicación por cualquier medio con la víctima, durante ocho años.
Más aún, la demanda del Ministerio Fiscal incluye la privación de la patria potestad durante cinco años, e inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por espacio de otros doce años. Una vez cumplida la pena privativa de libertad, se impondrá al acusado la pena de libertad vigilada con una duración de seis años, consistente en la prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal; la prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal; y la obligación de participar en un programa de educación sexual. Además, le obliga al abono de costas procesales. Finalmente, en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a la menor con 6.000 euros, más los intereses legales correspondientes.