«El pescado ha subido de una manera inversamente proporcional al beneficio dinerario y a las condiciones de trabajo de un sector que en una ciudad como ésta en la que vivimos, precisa el respaldo social e institucional»
En 2005, la Unión Europea determinó la veda del bocarte en el Cantábrico por la alarmante disminución de ejemplares (biomasa); una década después se restringió la pesca de sardinas por el mismo motivo y, ahora, la alarma salta con el jurel, conocido en Asturias como chicharro. Entre medias, la Comisión Europea decidía el cierre el pasado 9 de octubre, de 87 zonas a la pesca de fondo de Francia, España, Portugal e Irlanda. En concreto, la zona clausurada abarca 16.419 km2, entre los 400 y 800 metros de profundidad, en las que la UE aduce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o la posibilidad de que existan. La medida afecta a más de 10.000 pescadores, entre ellos varios centenares de Asturias.
La realidad es muy preocupante y quiero llamar hoy la atención sobre la queja de un sector que sin duda no ha tenido nunca el apoyo social de otros colectivos laborales como, por ejemplo, la minería. “¿Quién se manifiesta por nosotros?”, me preguntaba hace unos días uno de los pocos pescadores gijoneses que al igual que el resto del sector han visto como los gastos y el aumento de los costes les ha obligado a ir dejando sus barcos en puerto ante la imposibilidad de garantizar que las capturas permitidas cubrirán el precio de esta profesión cuya realidad se gestiona en despachos muy lejos de los caladeros y de los cardúmenes que ya de por sí generan una incertidumbre considerable a los profesionales de este sector.
Les pongo un ejemplo: poner rumbo a las Azores para poder encontrar el bonito que comemos con tanto placer costaba hace un año aproximadamente quince mil euros. Ese coste prácticamente se duplicó en la costera de este año y afortunadamente las capturas enjugaron la carestía de una profesión cuyo trabajo ha repercutido económicamente en el último canal: la venta al consumo. El pescado ha subido y más que lo hará en los próximos días de una manera inversamente proporcional al beneficio dinerario y a las condiciones de trabajo de un sector que en una ciudad como ésta en la que vivimos, precisa el respaldo social e institucional a la vista de que los pronósticos no son nada halagüeños.
La recomendación que llega a la mesa del Consejo de Ministros europeos de pesca es el temido «cupo cero» para la pesca del chicharro, ya que los ‘expertos’ estiman que la situación de la biomasa de reproductores está por debajo de la que se considera límite para garantizar la supervivencia del stock de esta especie.
Según el informe científico elaborado para orientar la toma de decisiones de cara a la ordenación de la pesquería de chicharro en 2023, la situación de la biomasa de reproductores está por debajo de la que se considera límite para garantizar la supervivencia del stock. Es más, los investigadores, aseguran que seguirá por debajo en 2024 aunque se imponga el cierre total de la pesquería o se plantee cualquier otro escenario restrictivo. Y sobre esa premisa, la recomendación que llega a la mesa del consejo de ministros europeos de pesca es el temido «cupo cero». El Gobierno de España, según ha adelantado el ministro Luis Planas, pedirá la revisión de la propuesta de la Comisión para los Totales Admisibles de Capturas que plantean recortes para otras especies como el lenguado (-11 por ciento), la cigala del Cantábrico (-36 por ciento) o el abadejo (-10 por ciento). España, con el apoyo de Francia y Portugal, plantea la necesidad de fijar, en determinadas especies pesqueras, cuotas plurianuales, de dos y hasta tres años, para dar a este sector una estabilidad que ahora mismo pende de un hilo.
Esta Navidad, muchos hogares pondrán un pescado en su mesa, entre ellos los de los ministros de pesca de los veintisiete integrantes de la UE que en los próximos días tendrán que tomar una decisión en la que es necesario que sean muy escrupulosos a la hora de encontrar un equilibrio entre la pesca y la depredación. De esta decisión depende que los pescadores de esta ciudad y de otras muchas del Cantábrico también puedan poner un pescado en su mesa.
