Las docentes denuncian que, con la desaparición del cuerpo de Profesores Técnicos, sus trabajos han quedado en una situación insostenible, y afean al Gobierno autonómico que, a diferencia de los de otras regiones, no ha buscado soluciones
Un nuevo conato de tensión se ha desatado en la sede de la Consejería de Educación. Esta vez, de hecho, en su interior. Desde la mañana de este jueves tres docentes de Formación Profesional (FP), pertenecientes al extinto cuerpo de Profesores Técnicos, permanecen encerradas en el edificio en cuestión, una medida de protesta con la pretenden forzar al Gobierno del Principado a que tome medidas para garantizar su futuro laboral. Según alegan las concentradas, que están decididas a mantener su pulso «hasta que nos desalojen», con la desaparición de dicho cuerpo el Ejecutivo autonómico ha relegado a las docentes sin titulación universitaria, como es su caso, a una bolsa de empleo secundaria que, en la práctica, hace muy difícil volver a trabajar. Sobremanera, a tenor de la avanzada edad que la mayor parte de las afectadas exhibe.
A sus 59 años, y con 34 en su haber como profesora de Procesos de Gestión Administrativa, Carmen Gómez se ha erigido en portavoz de un colectivo que, incluyendo a las tres ahora atrincheradas en Educación, suma en Asturias a un total de ocho personas. Es ella quien relata, tirando de hemeroteca, que, con la modificación del Real Decreto que daba carpetazo al cuerpo de Profesores Técnicos de FP, sus miembros quedaban absorbidos por el colectivo de docentes de Secundaria… Aunque con un requisito imprescindible: tener la correspondiente titulación universitaria. Una condición que, en España no cumplen la mayoría de interinos de FP. Así, ante la perspectiva de que, de la noche a la mañana, cientos de profesionales experimentados se viesen sin posibilidad de volver a trabajar, muchas comunidades españolas han aplicado distintos mecanismos para equilibrar la situación o, al menos, postponerla. La más habitual ha sido integrar a esas personas en la bolsa de profesores de Secundaria, a la que es habitual recurrir para cubrir bajas o traslados.
«Hemos demostrado ser muy válidos… ¿Por qué se olvidan de este profesorado que salió de la FP y dio la vida por ella?»
Carmen Gómez, profesora de FP
Asturias, en palabras de Gómez, es la excepción a esa tónica. A diferencia de lo hecho en otras partes, aquí se optó por «crear una bolsa subsidiaria específica, distinta de la que hay para profesores de Secundaria». En origen, eran veintidós los interinos que la conformaban, cifra que, con las jubilaciones, ha decrecido hasta los ocho actuales. Y las perspectivas de trabajo son, hablando en plata, escasas. «No podemos pedir, excepto cuando el ausente sea un funcionario de carrera con nuestra titulación, que no quedan, o cuando se agoten las lista; hay compañeros que no trabajaron ni un día el curso pasado», lamenta la representante de las afectadas. Como era de esperar, el hartazgo se ha ido acumulando, hasta llevar a Gómez y a sus compañeras a dar este paso desesperado.
«Hemos dado toda una vida a la enseñanza, y no se nos puede ignorar, maltratar y humillar de esta forma», sentencia, confiada en que la Consejería de Educación se avenga a valorar una alternativa a esa bolsa supletoria. La fórmula probada en otras autonomía, esa integración en la de Secundaria, no les parece mala; aun suponiendo que cobrarían menos que un profesor regular de la misma, al menos, tendrían el trabajo casi garantizado. Y es que, opinan las protagonistas de este grupo, aun quedándoles se media seis u ocho años para jubilarse, todavía es mucho lo que pueden aportar. «Hemos demostrado ser muy válidos… ¿Por qué se olvidan de este profesorado que salió de la FP y dio la vida por ella?», se preguntan. Claro, que Gómez vislumbra una posible respuesta: la electoral.
«Somos conscientes de que lo que da votos es la enseñanza de 0 a 3 años, no nosotros; entendemos que el Principado se vuelque con las ‘escuelinas’, pero nosotros también somos un colectivo a tener en cuenta», plantea. Y concluye rechazando cualquier posible temor a incurrir en una ilegalidad que el principado pueda llegar a argumentar para negarse. «El pasado julio el propio Ministerio reguló la cuestión en Ceuta y Melilla, así que hay un precedente. Y, si no es ilegal, puede hacerse».
