El Ministerio de Consumo investiga a una gran promotora por posibles irregularidades y la OCU reclama una normativa nacional que proteja a los asistentes
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha celebrado este lunes la apertura de un expediente sancionador por parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a una gran promotora de festivales de música por la presunta utilización de cláusulas abusivas en la gestión de estos eventos. Según informó la OCU en un comunicado, la investigación se centra en prácticas como la prohibición general de acceder al recinto con comida o bebida del exterior, el registro de asistentes y la restricción del derecho de acceso o salida del recinto, en algunos casos condicionada al pago de una cantidad adicional.
La Dirección General de Consumo también analiza otras posibles irregularidades relacionadas con los sistemas de pago cashless obligatorios dentro de los festivales. Entre ellas, el no permitir la devolución del saldo sobrante si no se alcanza una cantidad mínima, el cobro de gastos de gestión por solicitar el reembolso o la limitación temporal para poder recuperar el dinero no consumido. Además, la OCU ha denunciado otras prácticas que considera abusivas, como no aceptar pagos en efectivo o no ofrecer devoluciones cuando se cambia la ubicación del evento.
La organización ha aprovechado la apertura del expediente para reclamar una normativa nacional homogénea que proteja los derechos de los asistentes y establezca compensaciones automáticas en caso de malas prácticas. Actualmente, recuerda, solo Asturias cuenta con una regulación más estricta, mientras que en el resto del país “la legislación autonómica es permisiva y generalmente favorable a los promotores”.
