Un «error técnico» en el texto de las modificaciones sobre el impuesto de sucesiones propicia uno de los momentos más tensos del Pleno en la Junta General, y fuerza una enmienda de corrección apoyada por Foro, pero no por Tomé
Por la mínima temporal, sí. A sólo cuatro días para que finalice el año, cierto. Pero se ha logrado y, en efecto, Asturias tendrá presupuestos en 2025. Los votos favorables de los diecinueve diputados del PSOE autonómico, de los tres de Izquierda Unida (IU) y de Covadonga Tomé, parte del Grupo Mixto, lograban este viernes la aprobación definitiva, en el Pleno de la Junta General del Principado, del proyecto de ley presupuestaria para el ejercicio venidero, un resultado del que pocos dudaban ya desde la presentación inicial del pasado noviembre, y que se ha confirmado pese a la oposición de Foro, del PP y de Vox. Posturas las de esos dos últimos partidos esperables, especialmente después de que se rechazasen sus respectivas enmiendas a la totalidad, y sus peticiones de que el proyecto en cuestión fuese devuelto al Gobierno para su reelaboración. Así las cosas, Asturias dispondrá en 2025 de unas cuentas que ascienden a casi 6,7 millones de euros, un incremento del 4,98% respecto al actual ejercicio. La inversión productiva suma 1.066 millones de euros, un 7,3% más que hace un año, mientras que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) aporta 374,5 millones, y el Fondo de Transición Justa (FTJ), otros 44,2 millones. Paralelamente, el gasto de personal contemplado rebasa los 2,3 millones de euros.
Por consejerías, la de Salud cuenta con un presupuesto para 2025 de 2.446,6 millones; la de Educación, de 897 millones; la de Derechos Sociales y Bienestar, 598,39 millones; la de Ciencia, Empresa, Formación y Empleo, 449 millones; la de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, 297,3 millones; la de Medio Rural y Política Agraria, 263,43 millones; la de Presidencia, Reto Demográfico Igualdad y Turismo, 217,7 millones; la de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, 177,1 millones; la de Hacienda y Fondos Europeos, 163,9 millones; la de Cultura, Política Llingüística y Deporte, 60,37 millones; y la Presidencia del Principado, 3,62 millones. Al mismo tiempo, los impuestos indirectos previstos para 2025 suponen 1.651 millones (un 24,78% del total) y los directos, 1.835,8 millones (un 27,55% de los ingresos previstos). En cuanto a las novedades, se pondrá en marcha nueva línea con casi tres millones para financiar la matrícula gratuita de alumnado universitario, que se aplicará con límite de renta, y con la que se pretende llegar a aquellos hogares que no reciban otras ayudas o becas. Finalmente, se establece una nueva deducción sobre los gastos vitales de las personas de hasta 35 años, a fin de incrementar la renta disponible de los jóvenes; en concreto, se podrán deducir gastos de vivienda, educación, transporte y movilidad, tecnología, deporte o cultura.
Aunque celebrados por el diputado socialista Luis Ramón Fernández Huerga como unos presupuestos que reflejan la «voluntad de diálogo sincero» del Ejecutivo autonómico, el debate de ayer volvió a demostrar la crispación entre fuerzas existente en la Junta General. Y no hubo tema más polémico en la sesión de este viernes que el impuesto de sucesiones para empresas familiares y explotaciones agrarias. Todo comenzó cuando la oposición criticó al consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, la presencia en las cuentas de una bonificación hasta el cuarto grado aplicable a dicho impuesto, algo que el titular de la cartera negó categóricamente, alegando que se trataba de un «error técnico». Así, el Gobierno accedió a registrar una enmienda para corregirlo mediante una modificación en dos fases: la primera sería de un porcentaje del 4%, pudiendo llegar a ser la reducción del 99% a partir de 1 de enero de 2026. La maniobra no contó con el apoyo de Tomé, pero con sí con el de Adrián Pumares, líder de Foro. Desde las filas del PP reclamaron «rigor» a Peláez, y destacaron que «el PSOE enmienda al consejero para tapar sus vergüenzas», ha dicho Venta (PP) sobre la medida en la que aprecia «tufo de ilegalidad». Finalmente, desde las filas de Vox censuraron que el consejero «perdiera los papeles», e instaron al aludido a que «deje la publicidad y la doble moral para los expertos en el sectarismo y no se convierta en uno más».
Así fue como la oposición logró una pequeña victoria que, no obstante, no eclipsa el rechazo de la práctica totalidad de sus enmiendas. En el caso del PP, que presentó 149, la diputada Beatriz Polledo tachó de «preocupante» que el Gobierno asuma los postulados «más radicales que defiende la izquierda más sectaria», y aseguró que el de 2025 es un «presupuesto fake«, con el «bulo» de la denominada vía fiscal asturiana que «castiga a las rentas medias y bajas». De ahí que reclamase al Ejecutivo que deflacte el IRPF para compensar el impacto de la inflación. Por parte de Vox, Gonzalo Centeno comentó que el Gobierno asturiano intenta «vestir de transversalidad» un proyecto «netamente socialista y cada vez más filocomunista», y, en referencia al apoyo de Tomé, zanjó su postura indicando que «ahora nadie va a impedir que califiquemos los presupuestos como lo que son: los aprobados por una señora que pasaba por allí», ha señalado. A modo de cierre Pumares, de Foro, en un tono más conciliador, explicó que este año, al contrario que el anterior, no puede respaldar las cuentas porque no se recogen ninguna de sus propuestas para «mejorar la vida de los asturianos».